La Defensoría del Pueblo hace un llamado a las entidades nacionales y departamentales para que implementen medidas inmediatas que permitan el reinicio de las residencias escolares, programa que genera un entorno protector y educativo a los menores de edad en el Guaviare.

A la fecha, las 46 instituciones educativas que cuentan con estos internados continúan cerradas en ese departamento, lo cual ha venido afectando a cientos de niñas, niños y adolescentes de las zonas rurales porque vulnera su derecho a la educación. Estos espacios en la región permiten que las comunidades indígenas tengan un mínimo de seguridad, razón por la que deben reactivarse lo más pronto posible.

La Secretaría de Educación del Guaviare, el pasado 5 de julio, les dijo a los rectores y directores de las instituciones educativas rurales y residencias escolares que, por cuestiones relacionadas con la gestión de los recursos para darle continuidad al suministro de alimentación y cuidado orientado a estudiantes, iba a informar sobre el reinicio de la prestación de este servicio; sin embargo, hasta el momento no ha ocurrido.

El pasado 11 de julio la Defensoría del Pueblo envió una petición de reactivación inmediata del servicio de alimentación escolar para las residencias escolares, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por las comunidades afectadas de las 46 instituciones, entre ellas, las pertenencientes a los sectores conocidos como Charras, Guacamayas, Santa Helena (Cachicamo) y Nuevo Tolima.

Las residencias escolares son un mecanismo con el que cuenta la Gobernación para que los menores de edad tengan tres comidas mientras están, en el día y en la noche, en las instituciones educativas recibiendo clases y conviviendo en un entorno protector. Este programa es importante porque los protege de posibles hechos de violencia intrafamiliar y del reclutamiento, uso y utilización por parte de grupos al margen de la ley.

La Alerta Temprana de Inminencia 012 del 2023, emitida por la Defensoría, advierte que la intención de los grupos armados ilegales por heredar, ocupar o disputar los territorios ha provocado el aprovechamiento de las necesidades de los jóvenes y sus familias, situación que ha derivado en el flagelo del reclutamiento forzado.

La prioridad sobre los derechos de niñas y niños en Colombia, quienes son sujetos de especial protección, y a su vez la importancia de protegerlos es obligación de toda la institucionalidad.