La Policía Nacional anunció el despliegue de 120 mil hombres y mujeres en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad, transparencia y normal desarrollo de las elecciones de 2026. Esta operación se articula con 14 instituciones del Estado a través del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), como parte del Plan Democracia.

Desde 2025, la institución fortaleció su coordinación con el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Certamen Electoral (CORMPE), con el fin de anticipar riesgos, prevenir amenazas y proteger el ejercicio libre del voto.

Como herramienta estratégica, la quinta versión del Mapa de Prevención y Seguridad Electoral identificó 208 municipios con factores de riesgo en los 32 departamentos del país, con especial atención en Antioquia, Cauca y Norte de Santander, permitiendo focalizar capacidades operativas y de inteligencia.

Protección a candidato
En el marco del CORMPE se realizaron 36 sesiones para definir medidas de protección a 64 precandidatos presidenciales, 342 candidatos al Congreso y 68 aspirantes de circunscripciones de paz. Actualmente, 696 policías integran 153 esquemas de protección. Adicionalmente, más de 49.555 uniformados han atendido 3.618 servicios de seguridad en desplazamientos por vías nacionales, eventos públicos y privados, aeropuertos, terminales y zonas rurales.

Durante la jornada electoral, la Policía Nacional asumirá la seguridad del 90 % de las mesas de votación
del país.

Lucha contra delitos electorales La institución conformó el Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE), con capacidades en prevención, inteligencia, investigación criminal e integridad.

El equipo cuenta con:

• 120 investigadores y 12 despachos delegados en el nivel central.
• 150 investigadores y 35 despachos fiscales seccionales.
• 14 macroprocesos activos en distintas regiones.
• 486 funcionarios de inteligencia e investigación desplegados en territorio.
  Las investigaciones se concentran en delitos como constreñimiento al sufragante, compra de votos,
  financiación ilegal de campañas y violación al régimen de inhabilidades.
  En el marco de estas acciones se han incautado 875 millones de pesos cuyo origen no ha sido justificado, en departamentos como Antioquia, Atlántico, Valle del Cauca, Santander, La Guajira y Cundinamarca.
  Además, fue implementado el Sistema de Información Plan Democracia (SIPDE), que permite monitorear en tiempo real el servicio policial en los puestos de votación y fortalecer el control operativo.
  

Recompensa y canales de denuncia
El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a responsables de delitos electorales.

La Línea 157 Anticorrupción permanece habilitada las 24 horas. En 2026 ha recibido 2.349 llamadas, de
las cuales 51 corresponden a incidentes relacionados con el proceso electoral. “Desde la Policía Nacional
reiteramos que se garantizará el normal desarrollo del certamen y que cualquier hecho que afecte la
participación democrática será investigado y judicializado conforme a la ley, reafirmando nuestro
compromiso con la protección del voto y la defensa de la democracia colombiana”. Comentó el director
de la Policía Nacional de Colombia.

En línea con el compromiso institucional, la Policía Nacional puso en marcha un modelo ético integral que
busca ir más allá de la sanción y centrarse en la prevención estructural de la corrupción. La estrategia
articula formación, control disciplinario, herramientas tecnológicas, ajustes administrativos y participación
ciudadana, con el objetivo de blindar el servicio policial frente a cualquier riesgo que afecte la transparencia.