En la actualidad, el sistema de salud colombiano atraviesa una fragilidad estructural debido a la limitada protección aseguradora de las entidades médicas, dejándolas expuestas a riesgos financieros, legales y reputacionales que ponen en entredicho su sostenibilidad y confianza ante la ciudadanía. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), en el país existen 59.972 instituciones habilitadas entre clínicas, hospitales y centros de atención, de las cuales una parte considerable opera con pólizas inadecuadas o con coberturas que no corresponden a su grado de vulnerabilidad real.
Durante años, el seguro de responsabilidad civil médica, un mecanismo diseñado para proteger a las instituciones y profesionales de la salud frente a reclamaciones por errores, omisiones o presunta mala praxis, ha sido tratado como un simple requisito contractual o administrativo. Sin embargo, en medio de la actual crisis financiera del sector, es un elemento clave para la sostenibilidad jurídica y económica de los prestadores, pues una demanda por presunta negligencia puede representar una amenaza directa a la viabilidad de una institución, especialmente si la protección contratada no cuenta con una cobertura técnica, suficiente y continua.
Felix Ricardo Garzón Rojas, especialista en seguros y reaseguros, explica que esto se debe a que muchas clínicas y hospitales eligen sus pólizas basándose únicamente en el costo de la prima, sin evaluar la estructura ni el alcance del contrato. En consecuencia, las coberturas terminan siendo ineficaces o inapropiadas frente a la complejidad del riesgo médico que asumen cada día.
“Uno de los principales problemas está en el tipo de seguro más usado por las instituciones médicas, conocido como Claims Made. Este modelo solo cubre las reclamaciones que se presenten mientras la póliza esté activa. Por lo tanto, si un hospital o clínica deja vencer el seguro, aunque el hecho haya ocurrido años atrás, la aseguradora no se hará responsable”, aclara. Esto implica que, si una institución interrumpe su cobertura o cambia de aseguradora sin la asesoría adecuada, puede quedar totalmente desprotegida frente a demandas por atenciones médicas pasadas.
A ello se suma la falta de asesoría técnica especializada en la contratación de seguros y la alta rotación en los equipos administrativos, lo que lleva a decisiones poco informadas y a la pérdida de continuidad en las coberturas. “Muchos prestadores tienen pólizas vigentes en apariencia, pero sin una protección real frente a los riesgos legales, operativos y reputacionales del entorno actual”, explica Felix Ricardo Garzón.
Este vacío de aseguramiento tiene consecuencias importantes para el sistema. En el ámbito financiero, una condena por responsabilidad médica puede superar la capacidad patrimonial de una institución, comprometiendo su operación o incluso forzando su cierre. Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, la falta de un seguro válido obliga a las entidades a asumir directamente los costos de defensa y posibles indemnizaciones, y en el plano reputacional, una demanda sin respaldo asegurador puede deteriorar la confianza de pacientes y aliados estratégicos.
Con la situación actual del sector, el especialista Felix Ricardo Garzón insiste en que el país necesita una cultura de aseguramiento más técnica y planificada, en la que las pólizas sean diseñadas según la exposición real de cada prestador, con sumas aseguradas adecuadas, continuidad de coberturas y acompañamiento especializado. Por lo que recomienda el uso de nuevos esquemas, como las pólizas híbridas o duales, que combina la estabilidad de la cobertura por ocurrencia con la flexibilidad del modelo Claims Made. Estas alternativas buscan garantizar una protección continua y efectiva, ajustada a la evolución del riesgo clínico y jurídico del sector.
Asegurar correctamente a los prestadores es una condición importante para la estabilidad del sistema de salud colombiano, donde exista una corresponsabilidad entre aseguradores, reaseguradores, EPS y Estado. Según el más reciente boletín de Así Vamos en Salud, en 2024 se registraron 1,6 millones de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (Pqrs) y un aumento del 34 % en las tutelas por motivos de salud, cifras que reflejan el malestar de los usuarios y la necesidad urgente de fortalecer la gestión del riesgo y la protección aseguradora en el sector.
