Recibí grabaciones de una reunión en las cuales al parecer se exponen lineamientos tanto técnicos como jurídicos a través
de los cuales presuntos funcionarios de la UAESP ponen en conocimiento de un particular ello es, la Sociedad Colombiana
de Ingenieros posibles incumplimientos que podrían derivar en una caducidad del contratista operador del relleno sanitario
Doña Juana.
El concejal Yefer Vega Bobadilla hace un llamado a la Administración Distrital para garantizar una adecuada prestación de
los servicios públicos que actualmente gozan los bogotanos y a la prevalencia que esta administración debe dar a derechos
no solo legales sino por demás constitucionales.
Por lo anterior, quiero manifestar que, corresponde a la Administración Distrital adoptar una postura enérgica y contundente
no solo desde el componente técnico sino adicionalmente desde el jurídico y presupuestal a la hora de tomar
determinaciones en contra de aquellos contratistas que no cumplan con las obligaciones que tienen a su cargo de forma
correcta y en los tiempos consagrados para ello.
En el momento de presentarse incumplimientos por parte del contratista CGR como ya lo ha dicho la Interventoría y la propia
UAESP; la Administración deberá seguir aplicándoles de forma enérgica las sanciones que correspondan, a efectos de
obtener el cumplimiento de estas obligaciones.
Queda claro que esto debe ser así, pero respetándoles y garantizándoles a los colaboradores de la administración no solo
en este caso en particular si no de forma general, derechos tales como el de la imparcialidad, defensa, contradicción y en
general el debido proceso que en cualquier trámite administrativo debe brillar.
Urgente la sensatez y la aplicabilidad de la norma en procura de obtener decisiones justas y garantistas en donde el
colaborador de la administración que sea sancionado lo sea porque el mismo incumplió con las obligaciones establecidas
en dicho acuerdo contractual y no por otros factores diferentes, como es el caso del propio contratista CGR del relleno Doña
Juana, la Interventoría y la propia UAESP que han evidenciado los incumplimientos.
Así mismo llama la atención escuchar en estas grabaciones como la Administración pudiera verse avocada a futuras
demandas millonarias, las cuales en caso de ser contrarias al Distrito Capital podrían llegar a afectar gravemente los recursos
de nuestra ciudad y la misma operación del servicio, tal y como se manifiesta por parte de unos de los participantes en la
misma.
Muchos interrogantes dejan las grabaciones, las presentaré a los entes de control a fin que se revise si existen presuntas
irregularidades que conduzcan a la ciudad a mayores problemas.
- ¿Caducar al operador actual en la forma como lo piensa efectuar la UAESP podría generar a futuro demandas en
contra del Distrito? - Si se decide por parte de la Administración Distrital caducar al actual operador CGR, ¿quien operaría el relleno
sanitario Doña Juana? - ¿Lo operaría directamente la propia UAESP, como quedó en el Plan de Desarrollo? ¿Se abriría una nueva licitación
pública? - ¿Como sería la transición y/o empalme entre el operador que entrega y el que recibe?
- ¿Se ha indagado si en el mercado existe demanda de operadores que pudieren prestar este servicio?, ¿La UAESP
tendría la capacidad técnica y operativa de adelantar dicha labor a corto plazo? - Si el actual operador del relleno sanitario Doña Juana se caduca, ¿cuál sería el trámite que se efectuaría por parte
de la Administración Distrital para la obtención de las licencias? - ¿Cuál sería la fecha exacta de terminación de este contrato?, ¿pues surge la inquietud si es en un año y medio o
hasta que se copé el cupo del relleno sanitario?; lo anterior por cuanto quisiera saber ¿si actualmente la UAESP
viene planeando la transición del empalme entre los operadores?
