Este jueves se empezó a definir en el Consejo de Estado, una de las discusiones ambientales más polémicas de los últimos años: la viabilidad del fracking en el país. Específicamente la Sala Plena de la Sección Tercera, estudia una demanda radicada en 2016 contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que establecen los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

La decisión que emita el Consejo de Estado, sentará las bases para la legalización o no del fracking en el territorio nacional. Por ende, es importante analizar las dos perspectivas del problema para conocer con mayor claridad la dimensión del fallo.

Posturas a favor

Los principales defensores en autorizar la legalización del fracking son el Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Minas y Energías; y los gremios del sector de hidrocarburos liderados por Ecopetrol. El argumento principal al que aluden estos sectores es la escasez en las reservas de petróleo y gas.

La situación no ha mejorado estos años y al finalizar 2020 las reservas de petróleo de Ecopetrol cayeron a 6,5%. En declaraciones recientes dadas por Ecopetrol, exponiendo el balance del 2020, mencionó que en cuanto a petróleo “la vida media de reservas equivale a 6,8 años” y con respecto a gas “una vida media de 10,1 años”.

Desde el Ministerio de Minas y Energías, se viene insistiendo en la necesidad de realizar fracking para agilizar la detección de reservas de petróleo y gas, pues argumentan que entre mayor escasez de hidrocarburos se aumenta el costo de los mismos en la cartera de los ciudadanos.

Colombia es un país bastante ligado económicamente a los hidrocarburos, lo que justifica la esperanza del Gobierno por liderar la recuperación financiera desde este sector. En la perspectiva de Leonardo Villar, Gerente del Banco de la República, si se mantiene el precio del petróleo por encima de US $61 en Brent (actualmente está en US $69,12), se podría generar una reactivación económica general más acelerada de lo proyectado.

Además, según cifras entregadas por el sector de hidrocarburos, en caso que se llegara a aprobar el fracking, se podrían crear cerca de 250.000 nuevos empleos que ayudarían a mitigar las preocupantes tasas de desempleo en el país, y adicionalmente, aportarían alrededor de 20 billones de pesos en regalías e inversión.

Posturas en contra

La oposición ante la legalización de la técnica de fracturamiento hidráulico, se encuentra liderada por ambientalistas, La Procuraduría (durante la administración de Fernando Carrillo se envió una petición de nulidad) y gran parte de la comunidad de Puerto Wilches, lugar donde se pretende realizar el primer piloto. El principal motivo al que aluden, es la contaminación y destrucción de los recursos naturales.
Es importante recordar que la forma en que se extraen los hidrocarburos subterráneos por medio de la técnica de fracking, es a través de chorros de agua a presión. En este sentido, Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia menciona que se requieren “más de 3.6 millones de galones de agua para la fracturación de un solo pozo”, aclarando que el líquido utilizado en el proceso es contaminado por “químicos tóxicos” que hace imposible su reutilización en otras actividades. Esta afirmación genera controversia, pues en un país con zonas de escasez de agua como La Guajira, se privilegia la explotación de hidrocarburos en lugar de la satisfacción de necesidades básicas por parte de miles de personas.
Adicionalmente, la Alianza Colombia libre de fracking que alberga 85 organizaciones ambientales de todas partes del país, comenta que la contaminación del agua no solo se haría en acuíferos superficiales sino también en cuerpos de agua subterráneos en donde se tiene un desconocimiento enorme en el país. Por otra parte, este grupo ambientalista advierte que a partir de la recopilación de diversas investigaciones científicas realizadas por prestigiosos entes alrededor del mundo, demuestran que hay un incremento de la sismicidad en el lugar donde se aplica la técnica de fracking.
Ante esta controversia, la comunidad de Puerto Wilches ha tomado un papel activo y en su gran mayoría se opone a la implementación del plan piloto. La población menciona que este proyecto pone en riesgo las fuentes hídricas, la biodiversidad y la salud de los habitantes del sector.
Al respecto, Alba Rodríguez, toxicóloga perteneciente a la Comisión Interdisciplinaria de la Universidad Nacional que entregó en marzo de 2020 un dictamen pericial sobre el fracking al Consejo de Estado, mencionó que “la institucionalidad ambiental en Colombia carece de la infraestructura, recursos y herramientas suficientes para realizar control y seguimiento para hacer cumplir la normatividad de la Comisión Interdisciplinaria”.
• Estas dos posturas son totalmente contradictorias y no parecen encontrar puntos en común. Pese a que el Gobierno intentó establecer una mesa de diálogo con la comunidad de Puerto Wilches, no se llegó a ningún acuerdo y de hecho los residentes del lugar denunciaron amenazas y presiones por parte de individuos no identificados para que cedieran en la implementación del fracking. Aunque se cree que el Consejo de Estado es quien tiene la última palabra, desde el Ministerio de Minas se sostiene que, en caso de caerse el Decreto y la Regulación, el Gobierno podría expedir otra regulación argumentando que desde el Congreso nunca se prohibió la implementación del fracking en el país.
Ninguna de las partes parece ceder y en cambio cada vez parecen arraigarse más a sus posturas. Al lector lo invito a reflexionar sobre esta problemática con la siguiente pregunta: ¿Prefiere tener que importar petróleo con precios elevados a pesar de tenerlo a su disposición o tener que importar agua porque la que había ahora está contaminada?