Tres años y medio después de La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de
Restrepo (Valle del Cauca), Edilson Navia Ortega, como presunto responsable de posibles actos de corrupción cometidos mientras ejerció el cargo en el periodo 2016 – 2019.
En la investigación se conoció que el exmandatario diseñó el Proyecto de Vivienda de Interés Social y Prioritaria, y obtuvo el aval del concejo municipal para un cupo de endeudamiento por 2.000 millones de pesos para cubrir la iniciativa.
De la suma aprobada, 1.200 millones de
pesos podrían usarse para la compra de terrenos y el excedente para la adecuación de vías y redes de servicios públicos.
En ese sentido, el exalcalde compró en 1.400 millones de pesos un lote de 36 hectáreas. Al parecer, el acuerdo se logró antes de que una entidad financiera desembolsara el dinero solicitado en crédito.
En agosto de 2017, para concretar la adquisición, habría pagado un anticipo de $50’000.000 al propietario del predio, los 1.350 millones de pesos restantes fueron
entregados en diciembre del mismo año con el protocolo de las escrituras.
De acuerdo con el material de prueba, el terreno comprado estaba ubicado en una zona de reserva forestal y en inmediaciones de una cuenca hídrica (una quebrada cruza en la mitad del bien), un aspecto que prohíbe la ley. Adicionalmente, se estableció que, supuestamente, fue utilizado un documento falso para intentar ocultar la omisión de los requisitos técnicos y ambientales para ejecutar el programa de vivienda.
Las verificaciones indican que, tres años y medio después del negocio del predio, no se ha construido una sola casa.
Asimismo, se conoció que fueron comprometidas vigencias futuras
del municipio por siete años para cubrir la deuda del crédito por la adquisición de las 36 hectáreas.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al señor Navia Ortega los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y uso de documento público falso.
Los cargos no fueron aceptados.