Cuando el hoy alcalde Carlos Fernando Galán hizo campaña, prometió una Bogotá 24 horas: activa, diversa, segura, con oportunidades de empleo, cultura, servicios y vida nocturna para todas las personas. Pero con el Decreto 293 de 2025, esa promesa se convierte en letra muerta. Por esto es que hoy 20 de agosto el Concejal Julián Triana ha citado a debate de control político sobre dicho decreto para que se le explique al Concejo y a la ciudadanía por qué se expidió esta norma saltándose los acuerdos de los gremios, del Concejo y de lo aprobado en el Plan Distrital de Desarrollo.

Este decreto recorta de forma abrupta los horarios de establecimientos, imponiendo un cierre a las 3:00 a.m. sin evidencias claras, sin diálogo con el sector y sin un solo estudio serio que lo justifique, afectando gravemente la economía nocturna de la ciudad.

Peor aún, la administración Galán expidió esta norma a espaldas de la ciudadanía y de los sectores a los que en campaña les prometió una Bogotá 24 horas. Además, la hizo sin publicar el borrador, sin permitir observaciones, violando el principio de participación que exige la ley y el de confianza legítima.

La voz de los invitados y comerciantes .

Durante las reuniones de socialización, invitados y comerciantes afirmaron que lo discutido en los espacios de “Bogotá 24 horas” no corresponde con lo que finalmente sucedió el 26 de junio, cuando la Alcaldía expidió un decreto distinto, sin concertación real y con un enfoque que estigmatiza nuevamente al sector nocturno.

“Habíamos avanzado 20 años en tener conversaciones de nivel, con estudios y documentación sólida, para que ahora se vuelva a señalar injustamente a los establecimientos formales —bares y discotecas— como los culpables del aumento de la inseguridad”, afirmó Camilo Ospina, representante del Asobares.

El sector público y privado venían desarrollando estrategias conjuntas como el programa Sellos Seguros y el plan Rumba Responsable, precisamente para fortalecer la legalidad. Sin embargo, este decreto restringe al formal, dejando que reine la ilegalidad. Como lo señaló el concejal Triana: los grandes ganadores aquí son los establecimientos clandestinos.

Las cifras demuestran el fracaso del decreto.

De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el decreto no ha reducido los delitos asociados al contexto de la rumba. Por el contrario, en julio de 2025, después de entrar en vigor la restricción de horarios, los delitos aumentaron:

-El hurto a personas pasó de 10.683 casos en junio a 11.406 en julio.

-Los homicidios subieron de 96 a 99 en el mismo periodo.

-Las lesiones personales aumentaron de 1.666 a 1.808.

Estas cifras evidencian que los delitos no suceden mayoritariamente en la madrugada, sino en horas de la noche, y que restringir la rumba legal no solo no reduce la inseguridad, sino que la empeora.

Se advirtió también que la medida golpea directamente la economía: la obligación de cerrar más temprano significa prender luces y pasar cuentas en plena actividad, lo que ha generado una caída de ventas en el 54% de los establecimientos encuestados por el Observatorio Económico, el cual recopiló más de 500 respuestas. La mayoría de estos locales opera precisamente entre las 3:00 y 5:00 a.m., el horario que ahora se pretende eliminar.

La Alcaldía lo sabe.

Durante años, los bares operaron hasta las 5:00 a.m. y la propia administración reconoció que esa franja horaria redujo delitos como homicidios, lesiones personales y hurtos1. Miles de empresarios confiaron en esa norma, invirtieron, contrataron personal, construyeron modelos de negocio. Hoy, Galán les da la espalda.

No hay pruebas de que cerrar más temprano reduzca los delitos. Por el contrario, el decreto está generando aglomeraciones, riñas y caos en las calles a las 3:00 a.m., justo cuando no hay transporte público funcionando.

Pero aquí no se trata solo de economía, se trata también de recordar que el ocio es un derecho humano.

El Índice de vida nocturna del 2023, realizado por el Consumer Choice, demostró que en ciudades como Berlín, Budapest o París, que tienen una vida nocturna activa y con leyes amables, las y los ciudadanos experimentan mayor bienestar. Allí la vida nocturna se complementa con transporte 24 horas y precios accesibles. Por el contrario, las ciudades que restringen la fiesta se vuelven más inseguras porque las calles quedan desoladas y sin transporte nocturno, afectando sobre todo a las poblaciones más vulnerables.

El principio de la confianza legítima.

Los ciudadanos necesitan confiar en que las normas no cambian de manera arbitraria, sino a partir de procesos transparentes y participativos. Los empresarios y trabajadores que invirtieron bajo unas reglas claras no pueden ser castigados por decisiones improvisadas del gobierno. Y la ciudadanía en general debe sentir que las instituciones cumplen su palabra y garantizan estabilidad jurídica, en lugar de romper la confianza pública con promesas incumplidas.

Por eso, desde el Concejo de Bogotá exigimos:

-Que se suspenda de inmediato este decreto.
-Que se respete el principio de confianza legítima en las instituciones.

-Que se garantice el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la participación
ciudadana.

-Que se entienda el ocio y la fiesta como derechos, no como problemas.

El derecho al ocio es el derecho a la vida digna. La fiesta es comunidad, es cultura, es
resistencia. Y Bogotá, si quiere ser verdaderamente una ciudad viva, debe defenderlos.