Pese a los anuncios del gobierno Petro sobre la formalización laboral de las madres comunitarias, lo cierto es que la realidad es que la inestabilidad contractual a las que las tiene sometidas el ICBF las ha llevado a convocarse en las instalaciones de la sede nacional del Instituto para exigir nuevamente garantías laborales. Contratos de un mes, inestabilidad, intermitencia en los pagos son algunas de las reiteradas denuncias que ha recibido el concejal Oscar Ramírez Vahos.
“La situación de las madres comunitarias es insostenible. Desde el año pasado sus garantías laborales han sido vulneradas una y otra vez por el ICBF: por primera vez en la historia de este programa de atención a la primera infancia, les están haciendo contratos a un solo mes y, como si fuera poco, les demoran los pagos de manera sistemática”, señaló el cabildante.
Y es que a las inexistentes garantías laborales se suma la exigencia del cumplimiento con los pagos ya que las Madres Comunitarias han tenido que asumir con recursos propios el pago de la alimentación de los niños para asegurar que reciban sus alimentos y se cumplan las minutas nutricionales, han tenido que ponerle la cara a los proveedores de pan, carnes, fruver y granos e incluso pagar su Seguridad Social asumiendo las multas y las moras que se generar por por el pago no oportuno.
Esta situación no solo es indignante con nuestras Madres Comunitarias sino que, lo que es más grave, ha puesto en riesgo la atención de más de 50.000 niños en Bogotá.
“Apoyamos de manera total y contundente el plantón de las madres comunitarias. El ICBF debe garantizarles su estabilidad laboral y dejar de prometer lo que jamás no van a cumplir”, puntualizó el concejal Vahos.
