En el Concejo de Bogotá mostraron evidencias de lo que serían posibles conflictos de interés en contratación. Piden que los entes de control adelanten las investigaciones del caso.
Mediante una carta, el concejal de Bogotá, Rubén Torrado, dio a conocer dos nuevas irregularidades en contratación al interior del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.
Según Torrado, una alta funcionaria de la entidad habría firmado varios contratos que beneficiarían dos empresas en las que trabajó durante más de 10 años, llegando incluso a hacer parte de su junta directiva. Se trata de Maira Ximena Salamanca Rocha, ex subdirectora de Artes, quien habría entregado al menos 10 contratos a su anterior patrón, Hernán Parra, un megacontratista del sector cultural, a través de dos empresas: Teatro R101 y la Asociación Nacional de Salas Concertadas de Teatro de Bogotá – Asosalas.
“¿Cómo es que una persona con la facultad de ordenación del gasto le otorgara todos los contratos importantes a su antiguo empleador?”, señaló el concejal, destacando que los contratos entregados a estas dos empresas por Salamanca ascenderían a $8.270 millones de pesos.
“Nosotros habíamos advertido que la contratación del Teatro R101 era excesiva, situación a la que el Secretario de Cultura, el señor Santiago Trujillo, nos dio la razón. Pero esto nos ayuda a dilucidar lo que estaba ocurriendo”, añadió.
Por otro lado, el cabildante se refirió a la situación que se presenta en el Teatro San Jorge, una obra que en este momento está abandonada y por la que el distrito habría desembolsado miles de millones de pesos. En este caso en particular, un contratista que participó como ingeniero estructural en la fase de estudios y diseños para la renovación de la emblemática construcción, ubicada en la localidad de Los Mártires, habría sido contratado por Idartes y, como parte de sus funciones, emitió conceptos que permitieron multar a la empresa encargada de la obra.
“El problema aquí es que el constructor a cargo de la obra de renovación alega que los estudios hechos por el señor Antonio Fuertes y la empresa para la que trabajó, llamada Consorcio NVP, quedaron mal hechos y ese habría sido el factor determinante para que las obras no pudieran concluirse”, indicó el político.
“¿Cómo es posible que el señor Antonio Fuertes actuara como uno de los responsables de sancionar a un contratista que estaba criticando y poniendo en duda la calidad de sus diseños? Era obvio que este señor iba a hacer lo posible por negar que su trabajo estaba mal hecho y evitar responsabilizar a su antiguo empleador, el Consorcio NVP”, añadió.
Estas denuncias se producen tras un mes de investigaciones y luego de un debate de control político a Idartes que se produjo el pasado 7 de febrero, en donde el concejal denunció serias irregularidades en varios contratos dentro de la entidad.
La carta en cuestión está dirigida a la directora de Idartes, María Claudia Parias, y a los entes de control, adjuntando varias evidencias sobre sus denuncias con el fin de que se adelanten las investigaciones del caso.
