“Vamos a cambiar la fórmula de las tarifas para la energía eléctrica”, anunció el presidente Gustavo Petro.

Bueno, gracias, un saludo a las lideresas, líderes sociales, comunales, estudiantes, campesinos, campesinas, defensoras del medio ambiente, representantes de las etnias indígenas, negras, afrocolombianas y población Lgtbiq+, beneficiarios de los créditos aprobados por el Banco Agrario, voceras y voceros de los diferentes ejes temáticos que aquí se han expresado, ministras, ministros y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República aquí presentes, el Alcalde que estuvo aquí al principio.

Un saludo especial a los integrantes de la Muestra Cultural a cargo del colectivo de acreedores del Carnaval de Barranquilla, los medios de comunicación que están aquí presentes y en general a toda la comunidad que nos acompaña en el día de hoy.

De los diferentes temas tocados, hay unos que a mí me gustaría una profundización de parte de lo que el Gobierno Nacional pretende hacer en el territorio del Atlántico, un poco más ampliamente del Caribe, que comenzaría por el tema de servicios públicos aquí mencionado. Es un tema en general de todo el Caribe colombiano.

La existencia de Electricaribe hace un tiempo derivó en unas circunstancias que llevaron al Gobierno pasado, no se puede, porque lo han hecho así, atribuir a este Gobierno la responsabilidad que hay sobre el régimen tarifario actual vigente. El Gobierno pasado decidió entregar la empresa Electricaribe, después de una fuerte inversión pública que se suponía iba a mejorar su eficiencia, a dos empresas dividiendo el Caribe en dos áreas, Afinia y Aires.

Esas dos empresas, como aquí se afirmó, a través de un contrato con el Estado, decidieron hacer algo que la ley prohíbe, tanto Gobierno como empresas, a través de la contratación decidieron hacer algo que la ley prohíbe. La ley prohíbe trasladar las pérdidas que se ocasionan por ineficiencia de la empresa a los usuarios y usuarias.

Eso es precisamente lo que están haciendo en el día de hoy. Hay un sector de la población del Caribe colombiano que tiene dificultad, incluso se habla de una cultura de no pago. Mucha politiquería hace muchas décadas cambiaba los votos por las facturas, entonces pagaban las facturas y el usuario creyó, como aún mucha gente cree hoy, que la política es para eso y que el voto se compra.

Estoy hablando de décadas en donde entonces apareció un gran sector que, por razones económicas, sociales o por cultura no paga los servicios públicos y en esa medida… (interrupción del público).

Ahora, después de que yo hablo, porque ya había hablado un vocero, pero ahora cuadramos eso. ¿No habló el vocero? Bueno, después entonces habla un vocero para no interrumpir aquí las palabras porque si no se me va la paloma, como dicen. Estamos hablando de servicios públicos. Entonces, la decisión fue trasladar las pérdidas, las empresas compran la energía pero no se la pagan, y entonces ese monto de dinero lo trasladan a las facturas de las personas que sí pagan y sale la factura obviamente mucho más cara, es la energía eléctrica quizás de las más caras de Colombia, y Colombia tiene una de las facturas eléctricas más caras de América. Luego aquí en el Caribe estamos pagando una de las facturas por energía eléctrica más caras de toda América, desde Alaska hasta Patagonia. Eso es lo que tenemos hoy.

Lo primero que intenté hacer fue, dado que la Constitución dice que el Presidente tiene el control, la vigilancia e incluso la normatividad sobre los servicios públicos en Colombia, expedir un decreto para intervenir las tarifas públicas que se están cobrando excesivamente en el Caribe colombiano.

La oficina de Néstor Humberto Martínez, a través de su hijo, puso la demanda y, de facto, un magistrado tumbó el decreto. El magistrado ya no trabaja en el Consejo de Estado, pero sí generó un daño, en mi opinión, al ordenamiento constitucional que le permite al Presidente dirigir la política de servicios públicos en Colombia.

Cambio en la fórmula de tarifas

Hemos mirado las vías que tenemos, hay varias. En este momento vamos a cambiar unas fórmulas de las tarifas de servicios públicos en la Comisión de Regulación específicamente para energía eléctrica a través de resoluciones, y vamos a proponerle al Caribe colombiano una serie de inversiones que tienen que ver con cambiar el modelo eléctrico que se está aplicando desde Córdoba hasta La Guajira.

Desde La Guajira hasta el río Sinú y más allá, tenemos el sol y la energía que consume la población del Caribe se basa fundamentalmente en el gas, en el carbón, en el diésel, e inclusive, la energía que se genera en el Atlántico está importando gas a precios de la guerra de Ucrania.

Por eso las tarifas eléctricas están tan elevadas y fundamentalmente porque las empresas que generan energías más baratas como las de los embalses de agua cobran como si estuvieran vendiendo la energía usando gas importado a precios de Ucrania en la bolsa que se llama XN en Colombia.

Paneles solares

Comunidades energéticas en cinco barrios, Malvinas, Las Nieves, Montes, La Playa y se me olvidó el último. Ahí lo alcanzamos a escuchar. Es el inicio de un programa que tiene que cubrir todo el Caribe.

Por tanto, sus niveles de inversión que hoy serán 15 mil millones hay que por lo menos ponerle un cero más cada año para que logremos el impacto. Si no estamos haciendo una tontería, no estamos realmente incidiendo en la tarifa por una vía que es cambiar la tecnología.

Este cambio de tecnología es muy clave para la familia caribeña porque consiste -ojalá alcance a todas las familias que hoy no pueden pagarle a las empresas de energía eléctrica cambiar sus techos por paneles solares.

El panel solar que coge el sol, y lo que tenemos es sol y lo vuelve energía eléctrica y puede guardar la energía eléctrica en baterías especiales para la noche. Incluso, permite que una familia pueda generar la energía eléctrica que necesita. Y le sale gratuito porque el sol es gratuito.

Pero si el Estado ayuda le sale o barato o gratuito porque es la forma de volver el subsidio a los más pobres realmente una entrega de bienes a los más pobres, no a las empresas, le sale gratuito la postura del panel solar sobre la casa para estratos económicamente bajos.

En la clase media hay que traer es una política de crédito con baja tasa de interés que también sirve porque la disminución del costo de la energía es más alta que el pago de la cuota financiera de los paneles solares. Es decir que resulta ser un negocio para cualquier familia cambiar su techo por paneles solares.

Esto, en general porque no es tan fácil. ¿Qué pasa si se vive en un edificio? ¿Qué pasa si un alcalde municipal quiere dedicar un lote público a poner una granja solar no solamente unos techos? ¿Qué pasa si una comunidad rural una vereda, etcétera una asociación campesina quiere dedicar una parte del espacio rural a colocar una cuantía de paneles solares que indudablemente valdrían más pero que generarían más energía?

A eso les llamamos nosotros, comunidades energéticas. Para ello necesitamos, y eso es fundamental, organización popular. Nosotros cambiamos normas en el Plan de Desarrollo y en decretos que le permiten a una junta de acción comunal, a una asociación campesina, a una asociación de mujeres, de agricultores, contratar directamente con el Estado.

Aquí se contrataría la postura de paneles solares, sean las casas, sean en un lugar común que permita generar la energía y, por tanto reducir, ojalá cero la tarifa que se paga por energía eléctrica.

En el tiempo entre estos cinco barrios iniciales, Malvinas el primero, y lograr que por lo menos 100 mil, 150 mil usuarios en el Caribe colombiano, los más pobres, puedan tener instalaciones de paneles solares, pues necesitamos agilidad del Estado, rapidez, muchísima rapidez, no como pasó en Piojó, que es un caso contrario que aquí también se puso sobre un tema diferente.

En Piojó hace un año, casi un año, hubo una avalancha allí, eso está en una montaña, se vino la montaña abajo, tumbó una serie de casas, puso en peligro la vida de muchas familias, hay grietas en la montaña que indican que eso puede continuar, depende del invierno, etcétera. Y es el día en que no hay la primera casa para un damnificado. Es decir que el Estado, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en un año encontrar un lote que no se caiga y allí mismo, con la misma comunidad, unas soluciones de vivienda que permitan no pagar arriendo y se pueda vivir con dignidad.

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