El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dirigió la quinta sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, marco en el que se discute el incremento del salario mínimo para el año 2021 y que tendrá su primer vencimiento legal, este 15 de diciembre, según la Ley 278 de 1996, en su artículo 8, parágrafo Inc. 1.
En discusión continúan las propuestas unificadas de 2% por parte de los gremios y de $1 millón, más auxilio de transporte de $120 mil, de las centrales sindicales, como incremento del salario mínimo para el próximo año.
En la agenda desarrollada este lunes, el Gobierno Nacional atendió las solicitudes de las partes negociadoras. En su orden, intervino el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en voz del viceministro, Juan Pablo Zárate Perdomo, quien explicó lo que implica el compromiso del Estado en términos de garantías para el funcionamiento de las empresas, el esfuerzo fiscal que se ha hecho con la atención de los diferentes programas concentrado en atención a la población vulnerable y a la protección del empleo y la reactivación económica.
Expuso los instrumentos de aportes estatales para la atención de la pandemia, entre los que están el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, para el que se han destinado $40,5 billones; créditos con garantías de la Nación por $3,25bll; $0,2bll para el Fondo Solidario de la Educación, además recursos de la banca estatal por $2,5bll y descuentos en impuestos que ascienden a los $2,6bll.
Seguidamente, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, que tuvo como vocera a su directora de Estrategia, Ana Cadena, presentó la evolución de los programas de apoyo a la nómina, del Programa de apoyo al empleo formal, PAEF; del Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios, PAP y auxilio a trabajadores con contratos suspendidos, para los que se han destinado en la fase uno, $3.3 billones
Resaltó que el 91,2% de las empresas que han accedido a este beneficio son pequeñas y medianas.
En su momento, el viceministro Saúl Pineda, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, describió las perspectivas del desarrollo productivo de las Mipymes, donde en el contexto de las empresas colombianas en la pandemia, 168.636 fueron canceladas y 437.278 no renovaron su matrícula mercantil, según el Registro Único Empresarial, RUES, en el periodo enero a noviembre del 2020.
Agregó, que todas las ayudas del Estado que se presentan, resultarán insuficientes si no se garantiza una reactivación sostenible que preserve los empleos y las empresas, al tiempo que destacó que por el financiamiento empresarial y empleo, “sólo por concepto de garantías entre abril y diciembre del presente año se han preservado 1 millón de empleos”.
Finalizó su intervención comentando las bondades de los 5 ejes de la Ley de emprendimiento y la Ley de turismo.
A su turno, el subdirector del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, anotó que en respuesta a la pandemia el país avanzó hacia la consolidación de un esquema de ayudas monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas, que permitieran cubrir a los hogares pobres y vulnerables, al realizar pagos extraordinarios a programas como: Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Generación E y pagos de atención humanitaria.
Igualmente, dijo, se hicieron transferencias monetarias a programas de Ingreso Solidario, con protección a 3 millones de hogares con un giro mensual de 160 mil pesos durante 15 meses y Compensación del IVA y Colombia Mayor.
