El Gabinete por la Vida rechaza las interpretaciones difundidas por medios de comunicación como Cambio, El Tiempo, Portafolio y Semana sobre el nuevo modelo de pasaportes, que lo presentan como un proyecto sin capacidad técnica, trazabilidad o sustento jurídico y convierten las alertas fiscales y operativas propias de una transición en supuestas pruebas de fracaso.

El debate de fondo es otro: Colombia está construyendo capacidades propias para proteger sus datos, fortalecer su autonomía tecnológica y recuperar el control sobre un servicio estratégico del Estado.

Durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro se puso en marcha el Convenio 010-2025, cuyo propósito no es simplemente imprimir pasaportes o comprar libretas, sino avanzar en la transferencia progresiva al Estado colombiano de capacidades tecnológicas, productivas y operativas para la producción, personalización, custodia, trazabilidad y control de documentos de alta seguridad.

Por eso, comparar este modelo únicamente con empresas que fabrican libretas de pasaporte es desconocer su verdadero alcance. No se trata solo de quién puede producir una libreta hoy, sino de quién puede transferir a Colombia conocimiento, tecnología e infraestructura para que el Estado asuma progresivamente el control del proceso.

Los resultados ya hacen parte de esa transición. Actualmente se han producido y distribuido 500.000 pasaportes personalizados en diferentes regiones del país, mientras continúa el fortalecimiento de las capacidades nacionales.

La autonomía tecnológica no se construye de un día para otro. Requiere capacitación, infraestructura, transferencia de conocimiento y operación progresiva. Por eso, la existencia de suministros provenientes del exterior durante una etapa de transición no puede presentarse, por sí sola, como evidencia de fracaso.

El gabinete por la vida considera que si bien la sostenibilidad financiera, eficiencia y manejo de los recursos públicos deben ser atendidos con transparencia y rigor, esto no riñe con el fortalecimiento de la soberanía tecnológica que debe ser un objetivo central del Estado.

Lo que Colombia no puede hacer es confundir una alerta con una sentencia de fracaso ni una dificultad de implementación con la necesidad de regresar al esquema anterior.

Ahora bien, la pregunta que debe hacerse el país es sencilla:¿Queremos continuar dependiendo de capacidades externas para gestionar documentos estratégicos de nuestros ciudadanos o queremos construir progresivamente capacidades propias? Para nosotros, la respuesta es clara: la soberanía también significa controlar nuestros datos, nuestra tecnología y nuestros documentos de viaje.

Hoy el gabinete por la vida hace un llamado al Congreso de la República, las altas cortes, órganos de control y a la ciudadanía a defender la soberanía de los datos de los colombianos, entendiendo que la protección de nuestra información personal, la autonomía tecnológica y el control sobre nuestros documentos de viaje son asuntos que conciernen a todos.

Colombia puede corregir, mejorar y fortalecer el modelo. Colombia no puede dar un paso atrás