Opinión| Del Glifosato y Otros Males

Vuelve a establecerse en el debate público un tema que genera detractores y defensores frente a su ejecución: El uso del glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos. El problema va más allá de la erradicación en sí, envolviendo un problema económico y social que requiere una intervención urgente por parte del Gobierno.

Es necesario precisar que el glifosato es un herbicida utilizado comúnmente en la agricultura para el control de maleza, pues debido a sus componentes químicos elimina de forma rápida la hierba no deseada. Sin embargo, se ha clasificado como un herbicida de “amplio espectro no selectivo”, esto quiere decir que arrasa con todo tipo de plantas sin ningún tipo de exclusión. Además, se describe como un químico de uso “sistémico”, refiriendo que solo con aplicarlo en las hojas logra extenderse por los tejidos vegetales hasta matar al organismo por completo.

En consecuencia, durante el año 2014, la Corte Constitucional colombiana emitió una sentencia donde ordenó la suspensión de las aspersiones aéreas en Colombia, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Posteriormente en 2016, el alto tribunal público un nuevo fallo donde abre la posibilidad de reanudar la aspersión aérea, si una investigación científica “objetiva y concluyente, demuestra la ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

Precisamente el Gobierno de Iván Duque, viene realizando todos los trámites para habilitar nuevamente el glifosato en el país. Actualmente, la iniciativa está liderada por el Ministro de Defensa, Diego Molano, argumentando que es “precisa para eliminar cultivos ilícitos” y en declaraciones hechas el 16 de marzo al programa La Noche de NTN24, mencionó que espera iniciar la aspersión en abril, de forma simultánea en varias zonas del país. La erradicación con glifosato recibió el aval y apoyo económico por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

En oposición a Molano se encuentra la ONU, que a través de siete relatores envió una carta al presidente Duque expresando su inconformidad, mencionando que en caso de retomar la aspersión aérea con glifosato se “atentaría contra el Acuerdo de Paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos”. En concordancia, se manifiestan las comunidades campesinas, indígenas y negras presentes en las zonas de cultivo, argumentado que las aspersiones atentan de forma directa contra los derechos fundamentales de consulta previa, soberanía alimentaria, vida digna, salud, mínimo vital y paz.

En relación, el punto 4 del histórico acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016, centrado en la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, presenta una alternativa completamente diferente a la tradicional lucha contra los cultivos ilícitos. En el documento se sugiere la sustitución voluntaria por parte de los campesinos, cambiando los cultivos con siembra de productos legales que puedan incentivar el comercio sostenible en las regiones involucradas. Sin embargo, a la fecha tan solo el 2% de familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), tiene proyectos productos en implementación según los datos entregados por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Cabe destacar que cerca de 99.097 familias se vincularon al PNIS, con el fin de acogerse a la erradicación voluntaria y aprovechar las posibilidades agrícolas que les ofrece el territorio. Sin embargo, estas comunidades necesitan apoyo estatal para establecer siembras legales que contribuyan a una sostenibilidad económica del terreno, de lo contrario los campesinos manifiestan que continuarán realizando la actividad ilícita que los ha ayudado a subsistir durante más de 10 años.

Esta problemática evidencia el abandono estatal que existe en varias regiones del país. Los habitantes de estos sectores argumentan que el Gobierno nunca hace presencia en sus territorios y cuando lo hace llega de forma violenta. En su mayoría, las comunidades involucradas están dispuestas a realizar la sustitución voluntaria del cultivo ilícito, tal y como se pactó en el acuerdo de paz. Sin embargo, no aceptan la aspersión aérea con glifosato, ya que, afecta el territorio y la salud de los campesinos. En cambio, piden ser escuchados y participar en las decisiones que se tomen en sus territorios, puesto que, según los voceros de estas regiones, el Gobierno no los involucró en este proceso. Es evidente, que ha habido problemas de comunicación por parte de las entidades encargadas del proceso, pues las comunidades se sienten excluidas y engañadas.

A pesar de que el Gobierno Duque es un fuerte detractor del proceso de paz con las FARC, debería aprovechar la disposición que tienen los cultivadores de coca para cambiar a siembras ilícitas, pues allí comienza el primer eslabón del narcotráfico. Si se logran restituir las zonas con mayor presencia de cultivos de droga, se daría un golpe importante a la financiación ilegal de los grupos dependientes de este tipo de actividad, siempre que el Estado haga acompañamiento permanente en estos territorios.

En síntesis, resulta más benéfico llegar a acuerdos a través de la mediación, donde las dos partes expongan sus argumentos y las soluciones que proponen al problema, llegando a un punto medio de la resolución del conflicto. En este caso, tanto campesinos como Gobierno tienen en común la erradicación de los cultivos ilícitos, sin embargo, difieren en la ejecución del proyecto. De manera que se debe evitar cualquier tipo de imposición por parte de alguno de los actores involucrados, como lo está impulsando el Ministro de Defensa, pues esto llevará inevitablemente a la detonación del conflicto que, en dado caso, probablemente traspase la vía del diálogo.