Bajo el liderazgo del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y con el respaldo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Santander registra la mayor inversión en proyectos de gas en su historia, con una asignación de $51.675 millones destinados a ampliar el acceso a soluciones de cocción más limpias, seguras y eficientes.

Ya son 15 los proyectos de gas natural domiciliario, gas licuado de petróleo por redes y alternativas ecoeficientes en municipios como Piedecuesta, Cepitá, San Vicente de Chucurí, Suaita, Güepsa, Lebrija, Barichara, Socorro, San Benito, Gámbita, Carmen de Chucurí, Zapatoca, Tona, Santa Ana y Guavatá, que benefician a más de 19.200 hogares, principalmente en zonas rurales y sectores populares.

Esta apuesta no solo amplía la cobertura del servicio público de gas; transforma condiciones de vida. Durante décadas, miles de familias han dependido de leña o combustibles costosos para cocinar, con impactos directos en la salud y la economía del hogar.

Hoy, con esta inversión histórica, el Gobierno nacional impulsa un modelo que reduce la exposición al humo, disminuye enfermedades respiratorias y alivia el gasto mensual de las familias.

“Particularmente, hoy queremos hablar de las mujeres, que son quienes más han cargado con la cocina en condiciones precarias. Cocinar con leña no solo les roba tiempo, también afecta su salud. Cuando sacamos a una mujer de la leña, estamos liberando horas de cuidado no remunerado, protegiendo su bienestar y avanzando en equidad real.

Esa es la justicia energética que estamos construyendo. La vida es muy corta, nos toca ser felices y este tipo de proyectos que transforman la vida de las personas se convierten en proyectos que se traducen en felicidad”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El enfoque de género es un componente central de esta política. Son las mujeres quienes, especialmente en zonas rurales y populares, han asumido históricamente las labores de cocina y la carga del trabajo no remunerado.

Con el acceso a combustibles más limpios, seguros y eficientes, se reducen riesgos para la salud, tiempos de preparación y condiciones precarias en los hogares.

El Gobierno nacional reafirma su compromiso con una transición energética que no excluya a los territorios y que priorice el bienestar de las comunidades, consolidando la justicia energética como parte integral del desarrollo regional.