“Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”.
Esta solicitud la hizo el Presidente Gustavo Petro, el pasado 10 de junio durante su intervención en la jornada de ‘Gobierno Escucha’ en Paz del Río, Boyacá.
Desde entonces, más de 53.000 personas pertenecientes a plataformas estudiantiles del país participaron en los Diálogos Permanentes por la Educación Superior, en una serie de encuentros que se extendieron por departamentos como: La Guajira, Atlántico, Antioquia, Arauca, Casanare, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Risaralda, Meta y Amazonas.
En distintos escenarios el Jefe de Estado ha expuesto la ambiciosa estrategia del Gobierno del Cambio, para llevar más y mejores universidades hasta las regiones del país. Incluso, en el pasado mes de junio fue presentado el programa ‘Universidad en tu Territorio’.
“Nuestro objetivo es que más muchachos y muchachas estudien en las universidades que existen, para lo cual hay que ampliarlas, para lo cual tienen que tener más sedes, para lo cual esas sedes tienen que estar en territorio, porque a un joven le queda de para arriba ir hasta Bogotá, como todos sabemos”.
El Presidente Gustavo Petro, también ha dicho que serán 500.000 cupos nuevos, adicionales de educación superior en Colombia y que se cumplirán con 50.000 este año.
Ley 30 de 1992
Después de 30 años de vigencia de la ley 30, el gobierno del Cambio le presenta hoy al país una reforma a esta ley, que propone cerrar las brechas de la desigualdad social y territorial de amplios sectores de la población.
Busca fortalecer el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) estatales y el bienestar educativo con el fin de garantizar el derecho fundamental a la educación superior.
En su artículo primero, la reforma señala que, “la Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional”.
Ley estatutaria
El proyecto busca que la educación en el país deje de ser un servicio público con una función social, como reza el artículo 67 de la Constitución Política, y se convierta en un derecho fundamental que establezca las condiciones necesarias para su protección.
De ser aprobada la ley, el Estado, la sociedad y la familia, en su triple dimensión de derecho, deber y servicio público, deberán cumplir con las condiciones de accesibilidad, calidad, permanencia, pertinencia y equidad en la educación para los y las colombianas.
Cómo fueron los diálogos
Los encuentros Permanentes por la Educación Superior se realizaron con las plataformas estudiantiles en las que participaron representantes de comunidades étnicas, indígenas, afro, campesinos y víctimas del conflicto entre los que aparecen el Cabildo Indígena Universitario- Red CIU; la Mesa Nacional de Víctimas; la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles – Fenares; Juventud Democrática Popular – Judep, y el colectivo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, entre otros.
En el recorrido por el país se recogieron propuestas que van desde la evaluación de un nuevo modelo de financiamiento o la estructuración de un sistema de educación con visión de equidad territorial, hasta el futuro de la gobernanza y la democracia universitaria.
‘Históricamente a los pueblos indígenas nos han rezagado del sistema educativo. ¿Cómo empezamos a descolonizar la educación en Colombia para que permita valorar lo propio y articular los saberes propios al sistema?’, dijo Andrés Fernando Paky Gómez, representante de la RED-CIU (Red de Cabildos Indígenas Universitarios) del pueblo MUINANE Amazonas.