La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cuatro hombres y una mujer que hacían parte de una Institución Prestadora de Salud (IPS), dedicada a la atención de personas con problemas de adicción y desórdenes en el comportamiento.

Los procesados habrían participado en graves agresiones y torturas a los pacientes; entre otras conductas contra la libertad, la integridad física y emocional, actos que, al parecer, ocurrían en la sede de esta entidad, ubicada en el occidente de Bogotá.

Así mismo, no contaban con personal calificado para tratar las adicciones y adelantar los procesos de recuperación y reinserción social a consumidores de sustancias psicoactivas, objeto con el que había sido creada la IPS.

Entre los capturados se encontraban un ingeniero civil y entrenadores físicos, pero ninguno estaba capacitado para atender este tipo de condiciones.

Durante un mes, un equipo destacado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, (del que hicieron parte, investigadores del CTI, psicólogos, médicos, y psiquiatras forenses; peritos informáticos, entre otros especialistas), realizó labores de vigilancia y seguimiento, e interceptación de comunicaciones; y obtuvo abundante evidencia sobre las
distintas conductas ilícitas que se cometían.

Cinco de los presuntos responsables fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento, una de ellas realizada en el inmueble donde funcionaba la institución.

En el lugar fueron recuperadas 35 personas, entre ellas dos menores de edad. Adicionalmente, se encontraron un taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28
cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización.

Estas diligencias fueron adelantadas por el CTI, en coordinación con el Gaula Cundinamarca, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar