La directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya, cumplió 30 días de encargo al mando de la entidad y destacó avances como el ingreso de víctimas reconocidas por la JEP al Registro Único de Víctimas, la aceleración de indemnizaciones por 120 mil millones de pesos y la reactivación del diálogo con la Mesa Nacional de Víctimas.
“Desde esta posición, he podido impulsar acciones concretas que reafirman el compromiso del Gobierno Nacional y, en especial de la Unidad para las Víctimas con el principio de centralidad de las víctimas. Una centralidad que no se declama, sino que se materializa en decisiones que reconocen su dignidad, su voz y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, afirmó la directora general (e).
Cuartas Montoya además resaltó que estos 30 días de encargo han sido una oportunidad para contribuir al fortalecimiento de la Unidad para las Víctimas, con claridades políticas, visión técnica y compromiso ético, poniendo a las víctimas del conflicto armado como el motor de una transformación que considera que es necesaria e inaplazable.
Entre las principales acciones durante este primer mes de gestión, se destacan la reconstrucción del diálogo con la Mesa Nacional de Víctimas, reconociendo su papel fundamental y dejando claro el compromiso con su derecho a la participación. Esto permitió construir conjuntamente un plan de trabajo para el 2025, desde el respeto y el diálogo franco.
Además, se tomó la decisión de acelerar las acciones para la monetización de los bienes entregados por los postulados en Justicia y Paz, lo que permitirá que se incremente el número de indemnizaciones ordenadas en sentencias judiciales.
También se hizo el ingreso, de manera automática, al Registro Único de Víctimas (RUV) a las personas acreditadas por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Un paso firme hacia el reconocimiento real y sin obstáculos de su condición como víctimas.
Frente al Fondo de Reparación, se conformó un equipo interdisciplinario para su rediseño. Actualmente, 32.000 hectáreas están en proceso de comercialización, lo que representaría 120 mil millones de pesos destinados a indemnizaciones.
Así mismo, con el fin de adelantar el pago de las obligaciones derivadas de las sentencias judiciales y administrativas a cargo de la Unidad, la Unidad para las Víctimas acordó con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un cronograma para la aprobación del flujo de caja de reservas presupuestales que permita el pago de dichos compromisos.
Con esto, se espera que las aprobaciones se realicen de acuerdo con la solicitud, y con ello se garantice la protección de los derechos de las víctimas reconocidos a través de estas sentencias. A esto se suma la gestión para garantizar la articulación institucional con las demás entidades del Gobierno nacional. Se priorizó el fortalecimiento de la coordinación entre la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y se avanza en una estrategia con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz para robustecer el cumplimiento del principio de centralidad de las víctimas, como piedra angular de la implementación del Acuerdo de Paz.
Además, se asumieron compromisos con las y los trabajadores y la organización sindical. Se retomó la implementación del acuerdo colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SINTRAUARIV), reconociendo el valor de las y los trabajadores de la entidad como pilares fundamentales para una institucionalidad sólida y comprometida con las víctimas.
