Lo que hablamos ahora en la reunión -muy extendida de mi parte-, fue tratar de resumir el Acuerdo de Paz en unos capítulos generales, unos bloques que nos permitirían encontrar la lógica y, sobre todo, poder tener una evaluación relativamente eficaz. Antes que nada, Colombia tiene cuatro décadas en donde su violencia viene disminuyendo; un período largo, pero de constante disminución de su propia violencia, y eso es un elemento positivo.

Si lo miden por tasa de homicidios como se miden mundialmente estos temas, indudablemente la situación actual de Colombia, comparada con la de 1983, por ejemplo -hace cuarenta años- muy positiva, respecto a esas épocas, pero aún estamos en una violencia.

Entonces, para entender esta que vivimos en varias regiones del país -porque la violencia ya no es nacional, sino que se ha fragmentado y ocupa los territorios permanentemente excluidos en el país- es bueno hacer el balance con el Consejo de Seguridad de si se cumplieron o no los acuerdos de paz con las Farc hasta la fecha.

Es un periodo de doce años, si descuento -siendo muy magnánimo- los años finales del presidente Santos y no los cuento, entonces son tres gobiernos: Gobierno, Duque, Gobierno Petro (en proceso) y el que sigue (o la que sigue). Entonces eso significaría que ya hay un porcentaje muy avanzado -un poquito menos de la mitad, pero debería haberse obtenido en estos cuatro grandes capítulos para poder afirmar con suficiencia que se ha cumplido el Acuerdo de Paz.

​Capítulos de cumplimiento del Acuerdo de Paz

Esos capítulos rápidamente son:

Primero: La Reforma rural, el nudo gordiano del conflicto armado durante muchas décadas. El acuerdo firmado con el Gobierno habló de 3.000.000 de hectáreas de reforma agraria, es decir, de transferencia de la tenencia de la tierra de grandes poseedores a campesinos. Esa es la reforma agraria; y 7.000.000 de hectáreas de titulación; es decir, entregarles un título a gente campesina que ya está sobre la tierra, a reservas indígenas o a comunidades afros.

Este primer punto tuvo 13.000 hectáreas compradas en el gobierno pasado y 200.000 en el presente; deberíamos estar aproximadamente en 1.200.000 hectáreas.

A pesar de que hemos acelerado aún el ritmo, es insuficiente y perdimos cuatro años. En relación con las 7.000.000 de hectáreas tituladas, vamos en 1.600.000 hectáreas. Este es el capítulo de Reforma Agraria. Se perdieron cuatro años.

Segundo: El segundo gran capítulo de los acuerdos de Paz lo podemos denominar la verdad. No tiene que ver tanto con el Ejecutivo, tiene que ver con la justicia. Se creó la Justicia Especial para la Paz en esos acuerdos, con este objetivo. Si miramos si ha aparecido la verdad judicial, hay un esfuerzo de la Comisión de la Verdad histórica que entregó su informe; pero el esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, tenemos que decir también que no se ha cumplido.

Lo que ha existido es que la verdad se fragmentó en diversos tribunales, de acuerdo con el tipo de sujeto de violencia: guerrilleros y militares fueron a parar a la JEP; paramilitares a Justicia y Paz y civiles terceros, como se les llamó jurídicamente (son quizás los que dieron las órdenes y las financiaron) están en la justicia ordinaria. Los procesos de justicia ordinaria no se movieron durante todo el periodo. Es decir, los terceros, los mayores responsables de la violencia se movieron parcialmente; muy parcialmente los de Justicia y Paz y algo se avanzó en la JEP.

Pero esa fragmentación de la verdad, a veces sobre el mismo hecho, pero con actores diferentes en el mismo hecho, termina en tribunales diferentes. Por lo tanto, la verdad se fragmenta y lo que ocurre allí es que no aparece la verdad; hay impunidad. El resultado hasta esta fecha alrededor del conflicto armado colombiano es que sigue existiendo la impunidad.

Tercero: Si vamos hacia un tercer gran capítulo, que sí tiene que ver con los gobiernos ejecutivos, es la transformación del territorio, uno de los grandes fracasos históricos de la Nación colombiana, durante dos siglos de República. Este es otro de los ejes del Acuerdo de Paz que hizo Santos con las Farc. Transformar el territorio significa que el Estado Social de Derecho se construye en donde antaño hubo guerra.

Son territorios, como todos sabemos, olvidados desde hace dos siglos -donde las minorías étnicas, como se llaman en Colombia, son mayorías étnicas en el territorio- el Estado las olvidó durante dos siglos. El balance de las inversiones sobre esos territorios, que fue lo que se derivó del Acuerdo de Paz, según la Contraloría, es que 80 billones de pesos se han invertido allí en estos años.

Yo vengo de recorrerlos con todo el Gobierno en pleno y de contrastar el Gobierno con las comunidades reunidas, sin intermediarios y no veo esa inversión. Todos los indicadores de mortalidad infantil, de mortalidad materna, de agua potable, de niveles de cobertura, de educación, es decir, las condiciones básicas de existencia siguen siendo las mismas que antes de los Acuerdos de Paz y profundamente ínfimas comparadas con las regiones más ricas de Colombia.

Mientras la tasa de mortalidad de una región rica de Colombia es de un dígito, en términos de mortalidad infantil, en estas regiones alcanza tres dígitos, lo que marca la enorme desigualdad social y territorial de Colombia; la aguja no se ha movido.

¿Qué se hizo el dinero? Esa debería ser una pregunta para hacerle a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen que se invirtió en estos territorios y que debió, por la magnitud del recurso que se dice, mover las agujas del desarrollo social y no las movió? Yo creo que parcialmente se lo robaron y no hay una transformación del territorio. Al contrario, en estos mismos años del Acuerdo de Paz, si yo miro la principal inversión pública de Colombia en ese período, me arroja carreteras y fácilmente puedo regionalizarlas por departamentos.

Eso me da que la inmensa mayoría de la inversión pública en carreteras se hizo en Antioquia y Bogotá, Cundinamarca, y que estas regiones del Acuerdo de Paz quedaron en el último lugar. Si aún subregionalizo más, el mayor volumen de inversión pública de Colombia en carreteras -que es la mayor inversión del país- se hizo en la zona sur de Medellín y Río Negro y se hizo en el norte Bogotá y la Sabana norte de Bogotá que, como sabemos todos, son las zonas relativamente más pudientes del país.

Es decir, el desarrollo de la inversión pública fue lo contrario de lo que indican los acuerdos de paz, que era hacer converger regionalmente a Colombia, precisamente invirtiendo de manera masiva en los territorios excluidos del país. No se cumplió, no se ha cumplido.

Cuarto: El cuarto punto es la seguridad misma de las personas que firmaron la paz. El balance es 419 muertos firmantes de la paz. De 4.485 solicitudes de amnistía, tramitadas por la JEP, se negaron 3.804, la inmensa mayoría. Hoy, siete años después de firmado los acuerdos, hay 595 presos. Esta realidad hace que cualquier firmante de paz tenga ante sí, no la posibilidad de una prosperidad dentro de la sociedad colombiana, sino la muerte, la cárcel o el rechazo de la justicia.

El efecto de esto, de este incumplimiento, es que de nuevo se reactivaron violencias en los territorios que debieron ser abandonados por las FARC, ocupados por el Estado Social de Derecho. Es una violencia nueva, una nueva fase que ya no tiene que ver con la política como antes, sino que tiene que ver con las economías ilícitas que le están dando todo el aceite y la gasolina a que de nuevo se vuelva a prender la violencia en Colombia; esfuerzo que estamos tratando de contrarrestar con la estrategia de la Paz total.

Este es el balance hasta el día de hoy. Nos queda un tiempo, lo que queda de este gobierno y el siguiente gobierno, para que, en próximas reuniones con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante el cual se declaró el Acuerdo, pues tiene un estatus allí. Me decía el canciller al que nos suspendieron -fue el que organizó esta reunión- que ese estatus equivale al que hizo Francia cuando decidió no hacer más pruebas nucleares hace un tiempo y declaró eso ante el Consejo de Seguridad.

Nosotros también declaramos nuestro acuerdo de paz Farc-Gobierno ante el Consejo de Seguridad, tiene más o menos ese mismo estatus.

​Nueva coordinación de la implementación, en cabeza del Presidente

Por eso hay una verificación y ojalá que estas cifras puedan acelerarse. La decisión que yo he tomado ante esta realidad es que ya no son las instituciones que salieron del gobierno Santos, pequeñas, raquíticas y sin presupuestos las que pueden lograr que esto se implemente, sino que es todo el gobierno nacional completo, con todo el presupuesto del país, destinado a resolver el problema de la desigualdad social y territorial en Colombia. Por tanto, el gran coordinador de la implementación de la paz es el presidente de la República. Gracias, muy amables por escucharme.