En cada periodo de elecciones que ocurren en Colombia se encuentran infinidad de ´triquiñuelas´ para alcanzar cargos como concejales, gobernadores y alcaldes, y el municipio de Carmen de Apicalá en el departamento del Tolima; no se escapa de las ´jugaditas´ que hacen los candidatos para lograr su objetivo. Es el caso de Luis Ángel Gutiérrez Ortiz, un polémico empresario; quien sin pudor inscribió su nombre para candidato a esa alcaldía y actualmente tiene contratos por más de 4.400 millones de pesos.
De acuerdo con varias denuncias, Gutiérrez Ortiz es representante legal de la Constructora Camino Olimpo S.A.S y desde el 15 de diciembre de 2021 firmo varios contratos con el despacho de Carmen de Apicalá, para obras de mejoramiento de infraestructura de acueducto y alcantarillado; trabajos que serían entregados el 30 de noviembre del 2022, sin embargo, el ahora candidato, solicito a la alcaldía un plazo que fue acordado para entregar el próximo 15 de noviembre del 2023. Situación que demostraría ante el Concejo Nacional Electoral, CNE, que el actual aspirante, estaría inhabilitado para ser elegido alcalde, tal como lo establece la Ley 617 de 2000. ´´Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, ´´ así lo establece la norma.
De acuerdo a la respuesta al CNE, el secretario general de la alcaldía, Oscar David Solórzano indica que el hoy candidato Gutiérrez Ortiz, tiene vigente un contrato que se encuentra en ejecución y que tiene como fecha de entrega el próximo 15 de noviembre del presente año. Situación que demostraría que el polémico candidato está inhabilitado para presentarse como candidato a la alcaldía de Carmen de Apicalá en las justas electorales a celebrarse el día 29 de octubre de 2023.
Según el CNE Luis Ángel Gutiérrez firmó un acta modificatoria el pasado 24 de noviembre del 2022 y otra el pasado el 22 de febrero del presente año, proceso que evidencia notoriamente la inhabilidad, por las modificaciones que realizó en plazos no previstos y que violan la ley 617 del 2000 en el artículo 37 numeral 3.
