En un contexto de creciente vulnerabilidad y fragilidad,
Colombia enfrenta una deuda pendiente en materia de gestión del riesgo y gestión
de emergencias. Fenómenos naturales, socio-naturales y antrópicos como las
inundaciones, los incendios forestales, las sequías y los accidentes industriales que
involucran sustancias altamente peligrosas, no solo ponen en riesgo vidas humanas,
sino que comprometen directamente el funcionamiento de sectores estratégicos
para el país como energía, minería, transporte, oleoductos y química.
Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el
2024, 1.032 municipios de Colombia se vieron afectados por la ocurrencia de
fenómenos naturales, es decir, más del 93% del territorio nacional tuvo algún tipo de
daño asociado, lo que implicó afectaciones a 2.088.057 personas y un incalculable
número de daños e interrupciones en sistemas de producción vitales para el
funcionamiento de la nación.
Un análisis de la OCDE advierte que, a pesar de la existencia de marcos normativos
como la Ley 1523 de 2012, Colombia aún enfrenta dificultades estructurales en la
implementación efectiva de políticas de gestión del riesgo, especialmente en la
protección de su infraestructura crítica. Estos activos, esenciales para la continuidad
operativa del país, a menudo carecen de planes de gestión del riesgo y planes de
respuesta a emergencias correctamente analizados, diseñados y, sobre todo,
implementados.
Ante este panorama, SACS Group, con más de 23 años de experiencia en América
Latina, ha reforzado su papel como aliado estratégico para las organizaciones que
buscan prepararse frente a eventos de alto impacto. Su enfoque integral alrededor
de la gestión del riesgo y emergencias, considera servicios especializados en el
análisis, reducción y tratamiento del riesgo y finalmente, en el diseño e
implementación de la respuesta a la emergencia.
“El país necesita pasar de la reacción a la prevención. Fortalecer la preparación en
sectores estratégicos no es solo una obligación operativa, es una responsabilidad
ética. La vida, los ecosistemas y la economía dependen de qué tan listos estemos
para responder”, afirmó Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica
de SACS Group
Con programas de capacitación que combinan simuladores a
escala real, entrenamientos in situ y tecnología avanzada, SACS ha desarrollado un
modelo de formación técnica ajustado a las demandas operativas más exigentes. Su
alianza con instituciones como TEEX, Texas A&M respalda estos procesos con
certificación internacional y alcance regional.
Solo en el último año, la compañía ha liderado más de 20 jornadas de
entrenamiento en Colombia, dirigidas a trabajadores de sectores de alta exposición
como energía, hidrocarburos, minería y logística. Estos ejercicios han fortalecido
capacidades de respuesta ante escenarios críticos, con énfasis en control de
incendios, evacuaciones organizadas, manejo de sustancias peligrosas y primeros
auxilios industriales
Adicionalmente, SACS ha acompañado técnicamente el diseño y actualización de
más de un centenar de planes de gestión del riesgo y planes de emergencia y
contingencia en diferentes sectores de la industria, integrando mapas de impacto de
sucesos, planes de intervenciones correctivas y preventivas del riesgo, simulacros
realistas y entrenamientos especializados a cada tipo de operación crítica. Esta
experiencia ha consolidado su posicionamiento como un socio estratégico en la
construcción de organizaciones más resilientes y preparadas.
“Nuestra misión no es sólo reaccionar ante una emergencia. Es preparar a las
empresas para anticiparse, responder con eficacia y proteger vidas y activos en
cada fase del riesgo. Eso solo se logra con entrenamiento riguroso, tecnología
aplicada y una cultura activa de prevención”, concluyó Carolina López.
Frente a un escenario de amenazas cada vez más complejas, fortalecer la
preparación no es solo una necesidad operativa, sino una estrategia país. Invertir en
prevención, formación técnica y gestión del riesgo debe convertirse en una prioridad
compartida entre el sector público y privado para proteger lo que más importa: la
vida, el territorio y la continuidad de Colombia.
