La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta a las autoridades. Entre el primero de enero y el 4 de septiembre de 2021, se notificaron 115 muertes de niños y niñas menores de 5 años probablemente por desnutrición y causas asociadas, siete más que en la misma semana epidemiológica del año pasado.

La cifra hace parte del informe ‘Desnutrición en la primera infancia; causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables’, que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, presenta este lunes en La Guajira, departamento que tiene el mayor número de casos notificados de niños y niñas afectados con 26 (22,6%), seguido de Magdalena con 11 (9,6%); Chocó con 10 (8,7%); Cesar con 7 (6,1%) y Antioquia con 6 (5,2%).

Tan solo entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de 2021, se notificaron 8 muertes de niños y niñas menores de 5 años asociadas a desnutrición en el país. “Los niños son sujetos activos de derechos y el Estado, la sociedad y las familias deben generar entornos protectores para garantizarlos. Eso implica la necesidad de proveer mecanismos adecuados y efectivos, con los que se detecten a tiempo las situaciones que puedan amenazar o vulnerar los derechos de los niños, o el restablecimiento de estos cuando el daño se ha consumado. Esta es una situación que se debe atender de manera urgente”, precisó Carlos Camargo.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), a la semana 32 de 2021 se han notificado 8.545 casos de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, 38 por ciento más con respecto a la misma semana epidemiológica de 2020, lo que puede explicarse por las condiciones que ha impuesto la pandemia de la COVID-19.

Bogotá es la región con el mayor número de casos notificados de niños y niñas de la primera infancia con desnutrición aguda con 1.525, y lo siguen La Guajira con 691; Antioquia con 598; Cundinamarca con 577, y Norte de Santander con 487.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo resalta que los departamentos con el mayor número casos notificados de niños y niñas con desnutrición aguda de pertenencia étnica indígena son: La Guajira (396), Chocó (145), Vichada (133), Cauca (62) y Risaralda (59).

Además, el informe da cuenta que, entre enero y julio de 2021, el INS notificó 391 casos por desnutrición en niños y niñas migrantes entre 0 y 5 años. Los departamentos con el mayor reporte son: Norte de Santander (94), La Guajira (55), Bogotá (55), Vichada (38), Arauca (24) y Cundinamarca (24).

El Defensor del Pueblo destacó los avances que ha logrado el Gobierno nacional, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud y el INS, entre otras entidades, para garantizar los derechos de los niños y niñas entre 0 y 5 años en materia de seguridad alimentaria, como la creación de los Centros de Recuperación Nutricional en Riohacha y Manaure y la estrategia Ni1+, Asimismo reiteró la importancia de robustecer las acciones para combatir esta problemática.

La desnutrición, a pesar de ser una afección prevenible, continúa incidiendo en la vulneración de los derechos de niños y niñas menores de cinco años, quienes presentan desnutrición aguda (bajo peso para la talla) y desnutrición crónica (baja talla para la edad), situación que se seguramente se agravó con la pandemia de la COVID-19.

“Debido a las medidas tomadas para prevenir el contagio de la COVID-19, como la limitación a la movilidad, es posible que haya habido casos que no se registraron, lo cual incide en el subregistro de esta problemática”, apuntó Carlos Camargo.

Para la Defensoría del Pueblo la situación nutricional de niños y niñas menores de cinco años no es un asunto exclusivo del ICBF o del sector salud. Mucho menos es un problema que se resuelva únicamente al nivel nacional –dijo– por el contrario, requiere un abordaje multisectorial y en todos los niveles de la administración pública, pues se trata de un problema multicausal.

De la misma forma, agregó el Defensor del Pueblo, para acabar con las muertes de niños y niñas por causas asociadas a la desnutrición, es fundamental la corresponsabilidad tanto de las entidades del Estado como de las familias y de la sociedad en su conjunto.

“Esto significa que el sector educativo, de agua potable y saneamiento básico, de agricultura, de ambiente y también que las autoridades locales, alcaldes y gobernadores, están llamados a actuar con diligencia en la garantía de los derechos fundamentales y prevalentes de la niñez”, concluyó Carlos Camargo.