En cumplimiento de su mandato constitucional y humanitario, la Defensoría del Pueblo lideró una misión humanitaria, con acompañamiento de la MAPP-OEA y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, orientada a facilitar la recuperación y gestión digna de los cuerpos de 26 personas, 5 mujeres y 21 hombres, al parecer combatientes. Esto, en los enfrentamientos ocurridos el viernes 16 de enero de 2026, presuntamente entre las disidencias al mando de alias “Calarcá Córdoba” y alias “Iván Mordisco”, hechos ocurridos en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, Guaviare.
La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento de que los actores armados persisten en mantener la confrontación en los próximos días, lo que podría afectar el centro poblado de la vereda La Paz y otros sectores del municipio de El Retorno.
De materializarse esta situación, la comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar, entre otras graves afectaciones.
Ante este escenario, recuerda que:
De conformidad con el derecho internacional humanitario (DIH), las partes en conflicto armado deben, bajo el principio de precaución, tomar todas las medidas para evitar o reducir al mínimo los riesgos o daños a la población civil. Así mismo, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, deben abstenerse de causarle daños incidentales excesivos.
También, deben respetar en todo momento el principio de distinción de personas y bienes civiles y respetar la vida, integridad y dignidad de toda persona fuera de combate. La población civil goza de protección general frente a los peligros de este tipo de enfrentamientos: no puede ser objeto de ataque (Protocolo II, art. 13) y, en ningún caso, puede ser utilizada para proteger objetivos militares o facilitar operaciones, lo que comprende la prohibición de emplearla como escudo humano por parte de los grupos armados.
Como consecuencia, la Defensoría hace un llamado urgente a todos los actores armados a respetar el DIH, abstenerse de reclutar y utilizar niñas, niños y adolescentes, así como a generar condiciones que permitan la atención humanitaria, la identificación plena de las víctimas y el acompañamiento integral a sus familias por parte de las autoridades civiles y actores humanitarios.
Adicionalmente, insta al Gobierno nacional a que eleve esta situación con carácter urgente a la Mesa de Diálogos de Paz que adelanta con las estructuras del autodenominado Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y Frente Raúl Reyes de las extintas FARC-EP (EMBF).
La Defensoría del Pueblo, como institución nacional garante de los derechos humanos, mantendrá su presencia imparcial en el territorio, en coordinación con las entidades competentes, para contribuir a la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
