El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, les solicitó a las autoridades nacionales, de manera particular, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), agilizar la entrega de ayudas humanitarias tanto a los damnificados de la avalancha en la vereda Naranjal (Quetame, Cundinamarca) como a las personas que fueron evacuadas de la inspección de Puente Quetame, del municipio de Guayabetal y del sitio conocido como Naranjal Alto, dado el riesgo que corren por las fuertes lluvias y amenaza de crecientes súbitas de los ríos Contador y Negro.

“Hago un llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo para que, de manera inmediata, entregue a los damnificados por la avalancha y a quienes están siendo llevados al albergue temporal alimentos, carpas, colchones, mercados, kits de aseo y cocina, agua, plantas eléctricas, radios, entre otros elementos básicos, para que puedan sobrellevar esta tragedia”, dijo Carlos Camargo Assis.

Luego de la visita que adelantó a la zona de la tragedia y tras cuatro días de lo sucedido y revisar minuciosamente los informes del equipo de la Defensoría que ha permanecido en terreno, aseguró: “Encontramos que los damnificados no han recibido una atención oportuna, al parecer, por temas de trámites que se adelantan de manera lenta sin que se prioricen las necesidades y derechos de estas personas.

Los afectados necesitan con urgencia el apoyo de la institucionalidad del orden nacional”.

El encargado de proteger los derechos de los colombianos reiteró que existe un alto riesgo para las comunidades de Puente Quetame y Guayabetal, por lo que se debe mantener un monitoreo permanente en la zona.

“Este jueves apoyamos la evacuación de familias y encontramos que algunas personas se resisten a salir de sus casas por el miedo a que les roben sus pertenencias, es urgente garantizar la vida e integridad de los damnificados, y también la protección de sus bienes”, solicitó el Defensor del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo mantendrá su equipo en el lugar de la tragedia el tiempo que sea necesario para que a los damnificados y evacuados les sean garantizados sus derechos, como la atención en salud y la disposición del mínimo vital.