El gobierno nacional emitió una Directiva Presidencial para la protección de la población LGBTIQ+, mediante la cual se establecen mecanismos para la prevención y atención integral de violencias y actos de discriminación contra esta población en todo el territorio nacional.
Esta directiva se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”.
El Ministerio de Igualdad y Equidad realizará el seguimiento a la implementación de estas directrices y podrá emitir instructivos técnicos para garantizar su cumplimiento, a través de la Dirección para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+.
La directiva reconoce a la población LGBTIQ+ como un actor diferencial para impulsar transformaciones hacia una sociedad inclusiva, libre de estigmas y discriminaciones económicas, sociales, culturales, religiosas y políticas.
Además, establece acciones que deberán ser implementadas progresivamente por las entidades del Estado.
En materia de seguridad y protección, además de la convocatoria a un Consejo Nacional de Seguridad, la directiva ordena garantizar la protección de líderes y lideresas LGBTIQ+ en los territorios mediante la articulación con la Unidad Nacional de Protección- UNP; establecer rutas de prevención y atención frente a posibles abusos de autoridad policial o militar; fortalecer la protección y garantía de derechos de las personas LGBTIQ+ privadas de la libertad; reforzar la atención a víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado; brindar asistencia legal y representación jurídica a víctimas de violencia por identidad u orientación sexual; y crear Casas Refugio para personas LGBTIQ+ en situación de amenaza.
La directiva también pone en marcha el Subsistema Nacional de Participación LGBTIQ+, que busca avanzar en el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos y en la política pública correspondiente.
Asimismo, orienta la definición de metas específicas en los planes de desarrollo locales y regionales para prevenir violencias y actos discriminatorios, y ordena apoyar a los territorios en la creación y fortalecimiento de políticas públicas locales dirigidas a esta población.
Los sistemas internacionales y regionales de protección de derechos humanos han reconocido la violencia por prejuicio como aquellos actos de discriminación y violencia motivados, racionalizados o justificados por valoraciones negativas www.minigualdadyequidad.gov.co hacia las víctimas debido a su orientación sexual y/o identidad de género real o percibida.
Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado, además, que estos prejuicios suelen requerir de complicidad social para materializarse.
Para el Ministerio de Igualdad y Equidad, esta directiva representa un paso decisivo para garantizar la vida, la dignidad y los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia por prejuicio.
