Con la participación de más de 220 personas, finalizó la audiencia pública ambiental sobre el proyecto minero Cañaverales, promovido por la empresa Best Coal Company (BCC) y organizada por la autoridad ambiental Corpoguajira. La convocatoria fue impulsada por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) y Censat Agua Viva.

Durante más de ocho horas, 226 personas alzaron su voz para exigir que se niegue la
licencia ambiental al proyecto carbonífero. La audiencia reunió a comunidades de municipios
como Riohacha, Fonseca, Hato Nuevo, Barrancas, El Molino, Albania y Valledupar, así como
a representantes de pueblos wayuu, afros y wiwa. El mensaje fue claro y reiterado por
múltiples voces: la Guajira no necesita más carbón, sino agua limpia, retorno a la agricultura
y condiciones dignas para la vida.

En un balance conjunto, las organizaciones convocantes señalaron que el proyecto minero
es inviable desde el punto de vista técnico, jurídico, social y ambiental. “Tanto los expertos
intervinientes como las comunidades han solicitado a Corpoguajira evaluar con rigurosidad
este expediente y, en muchos casos, han pedido de manera explícita negar el licenciamiento.
La Guajira necesita alternativas productivas, no más extractivismo”, expresó Jenny Ortiz,
del CINEP.

Las intervenciones técnicas de las organizaciones evidenciaron impactos estructurales que
no han sido mitigados por la empresa. El CINEP documentó deficiencias en el Estudio de
Impacto Ambiental, irregularidades administrativas y la omisión de consulta previa a
comunidades indígenas, con afectación directa a nueve comunidades étnicas.

El CAJAR
advirtió que la delimitación del área de influencia del proyecto no contempla los verdaderos
alcances territoriales ni las rutas de transporte, e hizo énfasis en los antecedentes de
sanciones internacionales contra el Grupo Yildirim, matriz de BCC, por violaciones
ambientales y laborales en Turquía, Albania y EE. UU. Por su parte, Censat Agua Viva
alertó sobre el desvío de acequias, pérdida de conectividad ecológica entre la Serranía del
Perijá y la Sierra Nevada, y el intento de compensar las afectaciones interviniendo la misma
reserva que debería ser protegida.

“El proyecto fragmenta el territorio, afecta la soberanía hídrica y amenaza la pervivencia
étnica de los pueblos que lo habitan”, afirmó Valeria Sosa, abogada del CAJAR. Para
Luisa Pedraza, de Censat, el modelo extractivo “legitima el despojo ambiental bajo el
lenguaje de la compensación”. También participaron organizaciones como AIDA, Terrae y la
Universidad Industrial de Santander (UIS), que expresaron reparos técnicos sobre el modelo
hidrogeológico propuesto, la omisión del análisis de metales pesados como plomo, mercurio
y cadmio, y la aplicación inadecuada del test de proporcionalidad en zonas étnicas.

Durante la instalación de la audiencia, la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa Avendaño,
reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de no firmar nuevos contratos de explotación
fósil y recordó la memoria de líderes sociales como Jackeline Romero y Samuel Arregocés.
“La Guajira no puede seguir dependiendo únicamente de la minería. Es momento de pensar
en un futuro plural, digno y sostenible para las próximas generaciones”, afirmó.
Lo que sigue

Ahora, Corpoguajira deberá valorar no solo los documentos entregados por la empresa, sino
también los argumentos técnicos, los conceptos jurídicos, el conocimiento ancestral y el
mandato social expresado en esta audiencia. Las organizaciones convocantes insisten en
que existen suficientes razones para negar la licencia ambiental solicitada por BCC en
octubre de 2024.

La decisión final marcará un precedente para el manejo ambiental del departamento y para
el futuro de los territorios en resistencia frente a proyectos extractivos. La Plataforma La
Guajira le Habla al País llama a seguir visibilizando y respaldando la defensa del agua, el
territorio y la vida en esta región históricamente marginada.