Este martes, en las instalaciones de la cárcel La Picota de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó sus logros más relevantes de 2025, un año marcado por transformaciones profundas en política criminal, política de drogas, promoción del acceso a la justicia y digitalización.

Con inversiones superiores a los 52 mil millones de pesos se sigue consolidando una política de drogas basada en derechos humanos y evidencia. Además, se puso en marcha el primer CONPES integral para humanizar el sistema penitenciario y se acercó la justicia digital a más ciudadanos. De acuerdo con el ministro (e) de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, estos logros reflejan un modelo de justicia más humano, moderno y conectado con las realidades del país.

“En primera instancia se hace necesario destacar la importancia de rendir cuentas desde estas instalaciones del establecimiento de reclusión de La Picota en Bogotá, pues se configura como un respaldo a la gestión adelantada en el sistema penitenciario y carcelario por parte de las entidades competentes del Sector Justicia. Ahora bien, comienzo afirmando que este año demostramos que la justicia puede transformarse cuando se articula con los territorios y se maneja con enfoque de derechos humanos. La Política Nacional de Drogas y el CONPES carcelario muestran que Colombia está construyendo un modelo propio que pone la vida en el centro, respeta la diversidad cultural y fortalece las capacidades locales”, afirmó el alto funcionario.

“También logramos que el país lidere un debate internacional más equilibrado sobre drogas, basado en evidencia y derechos. Recibimos un respaldo contundente de la Unión Europea y hoy impulsamos en Naciones Unidas resoluciones que integran de manera definitiva los derechos humanos en las discusiones globales. Es un logro estratégico para el país y la región”, agregó.

En política criminal se destaca el CONPES 4157, la primera gran política para humanizar cárceles y que arranca con una inversión de 4,45 billones de pesos. Se construyó con 400 actores, se proyecta a ocho años y se enfoca en resocialización, salud, infraestructura, servicios públicos y acceso a la justicia. El documento articuló 125 acciones y 39 entidades para mejorar infraestructura, servicios esenciales, resocialización y condiciones laborales del personal penitenciario, e incorporó enfoques diferenciales, especialmente en atención a mujeres privadas de la libertad.

La salud del sistema penitenciario dio pasos firmes con la apertura de la primera Unidad de Extensión Temporal en La Picota, que complementa los servicios que ofrecen tres IPS externas que prestan servicios de cuarto nivel, cuidados paliativos y salud mental, fortaleciendo la atención integral para las personas privadas de la libertad.

La Dirección de Política de Drogas avanzó en la implementación territorial de la Política Nacional de Drogas 2023–2033, con ocho consultas previas con pueblos indígenas, actualización del Plan de Acción Estratégico y el desarrollo de la estrategia de “Datos Soberanos”, que permitió ampliar la encuesta nacional de productores de coca y corregir fallas históricas en la estimación del potencial de producción de cocaína. Paralelamente, la Red Territorial de Análisis de Sustancias identificó 64 nuevas sustancias y Cali abrió el primer espacio de consumo más seguro. Igualmente, en el marco del pilar de ‘Asfixia’ de la política de drogas se incautaron cerca de 700 toneladas de cocaína al mes de septiembre de 2025 (Fuente: Mindefensa https://n9.cl/k3fpj6).

El Banco de Proyectos movilizó este año 8740 millones para 15 iniciativas en 17 municipios, beneficiando a

2254 familias. A ello se sumó la estrategia de ‘Cambio de Narrativas’, que intervino 14 territorios con procesos sociales, culturales y pedagógicos para transformar la percepción ciudadana sobre las drogas y promover mensajes centrados en vida, salud y ambiente.

Sobre la Dirección de Justicia Transicional, la directora de Drogas del ministerio y viceministra encargada de Política Criminal, Marcela Tovar Thomas, indicó que se logró consolidar la Bolsa de Recursos para Proyectos Restaurativos, con 2500 millones de pesos destinados a siete proyectos articulados con la JEP en cuatro macrocasos. De igual forma, “se suscribieron los primeros convenios directos con organizaciones de víctimas y se creó el Sistema Nacional de Búsqueda, que recibió más de 3500 aportes de víctimas y organizaciones en 39 espacios territoriales, junto con el decreto de la ley de mujeres buscadoras (Ley 2364 de 2024) que garantiza protección, vivienda, educación y la creación del Registro Único”, indicó la funcionaria.

En palabras del viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, “los principales avances de la dependencia a mi cargo, se centran en el fortalecimiento de las justicias propias, la transformación digital del sector justicia, los resultados en acceso a la justicia desde los territorios, las acciones en materia de género y enfoque diferencial, y gestión legislativa para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural”.

El viceministro Dueñas también resaltó que su dependencia continúa trabajando para acercar la justicia a los ciudadanos con la digitalización. En esta perspectiva y fruto de ese proceso se acaba de lanzar JustiFácil, plataforma que integra los servicios de justicia de entidades con funciones jurisdiccionales, simplifica procesos, reduce tiempos, genera estadísticas que fortalecen la toma de decisiones y ofrece entrenamiento con inteligencia artificial para orientar a la ciudadanía. Esta herramienta refuerza la labor de otras plataformas del Ministerio como LegalApp y SUIN- Juriscol.

Otro punto importante que resaltó el funcionario fue el fortalecimiento de las casas de justicia. En la de Mocoa (Putumayo) se invirtieron 2489 millones de pesos y en la de Chipaque (Cundinamarca), 3095 millones. Además, mediante cofinanciación la inversión fue de 2411 millones en mejoramiento de casas de justicia y centros de convivencia. La intervención benefició a nueve municipios, incluidos tres del Catatumbo, fortaleciendo el acceso a la justicia y la convivencia en zonas afectadas por el conflicto.

Para destacar también, que el Ministerio fortaleció la lucha contra la corrupción, la participación ciudadana y los mecanismos de acceso a información pública. A nivel de gestión, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la entidad alcanzó 95,9 puntos en el Índice de Desempeño Institucional 2024, reflejando un avance sólido y sostenido.