Con el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con el Ministerio de Agricultura y el Banco Mundial, se aunció un acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA, por sus siglas en inglés), correspondiente a la fase 3 del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquía.

El instrumento permitirá movilizar hasta 40 millones de dólares para fortalecer un modelo de desarrollo rural bajo en carbono en esta región estratégica del país.

Esta fase fortalecerá la acción climática en los territorios rurales, impulsará la restauración de ecosistemas y promoverá modelos productivos sostenibles que generen ingresos para comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones rurales.

“Gracias a la colaboración que hemos construido con el Banco Mundial y con los gobiernos de Alemania, Noruega y el Reino Unido, podremos poner en marcha un programa bajo el mecanismo ERPA, que reconoce y compensa económicamente nuestra capacidad de conservar ecosistemas, lo que para nosotros es una garantía para seguir apoyando a las familias que, desde sus territorios y a través de prácticas de producción agro-campesina local, sostienen y protegen estos ecosistemas estratégicos.

Quiero enfatizar que este programa se implementará específicamente en la Orinoquía colombiana. Allí es fundamental fortalecer las economías campesinas que tienen un enorme valor por su agrobiodiversidad.

Esa agrobiodiversidad es la que asegura la conservación del agua y mantiene en pie la vida que depende de los bosques”, afirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres.

El acuerdo, respaldado por los países donantes del Fondo BioCarbono ISFL, reafirma el compromiso de Colombia con una transición justa que integra biodiversidad, acción climática y desarrollo territorial.

Además, ratifica el liderazgo de Colombia en el diseño de mecanismos innovadores de financiamiento climático basados en resultados.

La Tercera Fase del Programa Biocarbono permitirá ampliar el alcance de las intervenciones desarrolladas en fases anteriores y profundizar su impacto en la reducción de emisiones por deforestación.

Además, le permitirá al país demostrar los beneficios de la restauración ecológica, el uso sostenible del suelo, el fortalecimiento de economías rurales bajas en carbono y la implementación de instrumentos climáticos que movilicen inversiones y fortalezcan la resiliencia territorial.

De esta forma, el Gobierno reafirma su articulación y compromiso para integrar las agendas ambiental y agropecuaria desde un enfoque de transición justa, inclusión social y equidad territorial.