En el marco de operaciones conjuntas desarrolladas por la Armada de Colombia, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se logró el hallazgo e inhabilitación de nueve dragas empleadas para la explotación ilícita de yacimientos mineros en los departamentos de Caquetá y Putumayo, como parte de las acciones de seguridad integral fluvial orientadas a la protección del medio ambiente y los recursos naturales de la Amazonía.

Las operaciones se adelantaron en ríos y zonas ribereñas de los municipios de Solano y Solita, en el departamento del Caquetá, así como en sectores rurales de Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán, en el Putumayo. En estos lugares, unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 3 de la Fuerza Naval de la Amazonía, en coordinación con tropas del Ejército Nacional y capacidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, localizaron estructuras artesanales tipo draga utilizadas para la extracción ilegal de minerales.

Durante los procedimientos fueron hallados 261 galones de combustible tipo A.C.P.M., además de motores, turboextractores y otros elementos comúnmente empleados en actividades de minería ilegal. De acuerdo con las verificaciones preliminares, este material pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual, Estructura “Carolina Ramírez”, organización que financia sus actividades ilícitas mediante la explotación ilegal de los recursos naturales, generando graves afectaciones a los ecosistemas acuáticos, contaminación de las fuentes hídricas y riesgos para la biodiversidad y la salud de las comunidades de la región.

Las dragas y el material encontrado fueron inhabilitados de manera controlada en el lugar de los hechos, conforme a los protocolos establecidos, evitando así un mayor daño ambiental y contribuyendo a la neutralización de esta actividad ilícita en una región estratégica del país.

La Armada de Colombia reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente, la defensa de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades amazónicas, y continuará desarrollando operaciones conjuntas e interinstitucionales para contrarrestar las economías ilícitas que amenazan la biodiversidad y la estabilidad del territorio nacional.