La Ley 70 de 1993 representa una de las mayores conquistas jurídicas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en Colombia.
Fue el resultado de una lucha histórica para que el Estado reconociera y protegiera sus derechos colectivos, entre ellos el territorio, la identidad cultural, la participación política y el acceso real a derechos fundamentales como la educación, la salud y el derecho al voto.
Sin embargo, más de 30 años después de su promulgación, gran parte de esta ley continúa sin cumplirse. Esta omisión no es simbólica: se traduce en exclusión política, barreras para ejercer el derecho al voto y un abandono estatal persistente en los territorios afrodescendientes e indígenas.
Afirmar que “la Ley 70 no se cumple” es una denuncia concreta sobre cómo el Estado sigue fallándole a estas comunidades y profundizando desigualdades históricas.Un ejemplo claro de esta situación se evidencia en el actual proceso electoral.
Mientras a la mayoría de ciudadanos se les entregan de forma automática, por parte de los jurados de votación, los tarjetones de Senado y Cámara de Representantes, quienes desean votar por las circunscripciones especiales afrodescendiente, indígena, de paz (CITREP) o internacional, deben solicitarlos expresamente.
En la práctica, esta exigencia convierte el derecho al voto en un privilegio condicionado y no en un derecho constitucional garantizado en igualdad de condiciones.
A esta barrera se suma un hecho aún más grave: tanto el Consejo Nacional Electoral (CNE) como la Registraduría Nacional del Estado Civil han señalado que la pedagogía electoral sobre estas circunscripciones recae en los propios candidatos.
Esta decisión genera una profunda desigualdad, pues no siempre llegan a estas curules quienes conocen y representan a las comunidades, sino quienes cuentan con maquinaria política, recursos económicos y respaldos que les permiten financiar campañas de pedagogía electoral.
De esta manera, la democracia vuelve a quedar en manos de los mismos de siempre.Frente a esta situación, Jair Éder Palacios Palacios, candidato a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Afrodescendiente, avalado por el Consejo Comunitario Mayor de Cértegui, interpuso una acción de tutela ante el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La tutela busca la protección de derechos fundamentales como la igualdad, la equidad electoral, la participación política, el debido proceso electoral, el derecho a ser elegido, el acceso a cargos públicos, el derecho a la oposición y los derechos de las minorías políticas.
Entre los hechos denunciados se encuentra la existencia de una diferenciación logística injustificada en la entrega de los tarjetones electorales, que invisibiliza las candidaturas de las circunscripciones especiales.
Actualmente existen cinco tipos de tarjetones territorial, afrodescendiente, indígena, internacional y CITREP, lo que genera confusión entre los votantes y una clara desventaja para estas candidaturas, cuyos tarjetones no se entregan ni se exhiben de manera automática en las mesas de votación.
Esta situación no constituye un error administrativo ni una falla aislada. Se trata de una desigualdad estructural que mantiene a las comunidades afrocolombianas al margen de la democracia y contradice de manera directa el espíritu y los principios de la Ley 70 de 1993.
Por ello, la acción de tutela solicita la adopción de medidas urgentes para democratizar la pedagogía electoral y garantizar el acceso universal, automático y en igualdad de condiciones a todos los tarjetones electorales, sin barreras ni discriminación.
Solo así será posible avanzar hacia una democracia realmente incluyente, donde el derecho al voto no dependa del conocimiento previo, los recursos económicos o el poder político, sino que sea plenamente garantizado para todas y todos.
Sin igualdad en el tarjetón no hay igualdad en el voto. Y sin igualdad en el voto, la democracia sigue fallándole a las comunidades afrocolombianas.
