Alcaldes denuncian grave situación de seguridad en las regiones en época preelectoral

La Federación Colombiana de Municipios, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, realizaron un encuentro con los mandatarios locales para conocer la problemática que está ocurriendo en las regiones en materia de seguridad en el país.

Los mandatarios de las zonas más afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales, realizaron graves y contundentes denuncias a
vísperas del ejercicio electoral que se realizará el próximo 29 de octubre.

Este es el grave y desgarrador diagnóstico de la situación preelectoral
en muchos territorios del país.

Los actores armados ilegales, ejercen control territorial; control territorial que hoy no está haciendo nuestra fuerza pública.
El pedido de todos los alcaldes es que el Ejército pueda iniciar operaciones de estabilidad, seguridad y control en aras de garantizar la seguridad y los derechos de la población civil que se vienen viendo afectados por los grupos armados.
Por la proliferación y recrudecimiento de las amenazas 8 alcaldes se han visto obligados a trasladar sus despachos fuera de la jurisdicción de sus municipios, como única alternativa para salvaguardar su vida.
Hay constreñimiento a la libre movilidad, en consideración a que en algunas zonas han aparecido pancartas, prohibiendo la libre circulación después de las 6:00 pm, tampoco se puede circular por algunas vías con cascos y los vehículos no pueden transitar con los vidrios arriba.
“Existe una especie de co-gobernabilidad dentro de nuestros territorios porque ellos están imponiendo leyes, están imponiendo la forma del desarrollo dentro de estos territorios”.
“Hay una especie de “silencio administrativo” por parte del Gobierno Nacional al desconocer y no reaccionar oportunamente a las problemáticas que se viven en las regiones afectadas por el conflicto”.
“En nuestras regiones no existen solamente tres grupos, no existe solamente el ELN, no existe solamente las FARC, no existe solamente el EPL, sino también los grupos de narcotráfico, los grupos de BACRIM, tenemos el tren de Aragua, tenemos también grupos de narcotráfico extranjeros, cartel de Sinaloa y algunos grupos de narcotráfico trasnacional”.
“Le gente tiene mucho miedo, les cuesta mucho el relacionamiento con miembros de la fuerza pública, para evitar ser señalados y afectados por el accionar de los grupos armados y ante la impotencia de nuestro Ejército y Policía”.
Colombia es tan linda que los alcaldes no están pidiendo asilo político para irse a otro país, están pidiendo que llegue la inversión a las regiones, que se les tenga en cuenta, porque con su heroísmo aún mantienen vigente la institucionalidad democrática.
Los alcaldes expresan tristeza por la pérdida de reconocimiento y autonomía municipal, el Estado pretende hacerlo todo desde Bogotá y por eso la lentitud en la ejecución y aprobación de proyectos.
Los mandatarios locales afirman que tienen pocos recursos, para enfrentar todas las responsabilidades y expectativas que tienen sus comunidades.
Los alcaldes denuncian el aumento de las extorsiones, los secuestros, las intimidaciones, los reclutamientos y los atentados terroristas contra las antenas de comunicación, la infraestructura institucional y contra la población en general.
A los grupos al margen de la ley les incomoda que los alcaldes denuncien y “pareciera que en este país tenemos que estar es callados para no tener problemas de seguridad”.
La voz de los colombianos a través de los alcaldes es su querer de VIVIR EN PAZ, por eso, quieren creer en la Paz Total, pero el incremento de la inseguridad y la marginación a la que están sometidos en este proceso, les generan grandes dudas.
“Aquí se toman decisiones desde Bogotá, desde una oficina y los alcaldes y los gobernadores no somos escuchados. hoy pareciera que al gobierno nosotros no le interesamos, creeríamos que en muchas ocasiones ni siquiera la vida de nosotros como mandatarios le interesan al gobierno”.
“El gobierno nacional ha sido muy generoso, bondadoso, con estos grupos al margen de la ley, pero no hay una demostración real de estos grupos, de que quieren verdaderamente la paz”.
Hoy, en varios municipios, los grupos al margen de la ley no han permitido inscripciones de cedula, “aquí pareciera que el Gobierno Nacional está legitimando a estos grupos al margen de la ley. Pareciera que algunos comandantes guerrilleros quisieran reemplazar al Consejo Nacional Electoral, ellos son quienes determinan quien puede hacer política y quien no; en algunas regiones se está carnetizando a la sociedad civil”.
Los alcaldes más amenazados, porque han tenido la valentía de denunciar los abusos de los grupos al margen de la ley, se preguntan qué va a pasar con su seguridad, a partir del primero de enero de 2024, cuando pasen a ser ciudadanos comunes y corrientes.
Los alcaldes piden reglas de juego claras para la paz, “no se puede aceptar que mientras el Gobierno Nacional firma un Decreto de cese al fuego, no haya una acción reciproca que se materialice en un cese a la extorsión y a la intimidación por parte de los grupos armados”.
No se puede aceptar que por el accionar de los grupos violentos, muchos candidatos tengan que venderle “el alma al diablo” para aspirar a cargos de elección popular en los territorios.
“Desde el mes de marzo se vienen presentando reuniones masivas con lideres y lideresas, por parte de las organizaciones al margen de la ley diciéndoles por quien deben y por quien no deben votar, que partido puede entrar y que partido no puede entrar a la zona”.
Los alcaldes expresan que estamos regresando a épocas pretéritas en materia de inseguridad. Todo lo anterior ha sido recibido por el señor Defensor del Pueblo, doctor Carlos Camargo Assís y sus defensores delegados, por la señora Procuradora Delegada para Asuntos Electorales, doctora Yolima Carrillo Pérez y por la Federación Colombiana de Municipios, en cabeza de señor Presidente Gian Carlo Gerometta y su Director Ejecutivo Gilberto Toro Giraldo, quienes le piden al Gobierno Nacional, tomar efectivo control de los territorios para garantizar un proceso electoral transparente y el libre ejercicio de la democracia y el respeto por los derechos humanos.