En esa misma red social aseguró que a la entidad le preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. «Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y, al mismo tiempo, promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando. Invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación».

La directora general también dijo que «debemos ser claros sobre las responsabilidades institucionales. La selección del operador le corresponde al ICBF, conforme a los procedimientos establecidos».

En su red social la directora también señaló que las madres comunitarias y sus organizaciones tienen derecho a expresar sus inquietudes, «exigir el cumplimiento de sus derechos y ejercer vigilancia sobre el servicio. Eso no significa que puedan imponer al operador o condicionar las decisiones de contratación de la entidad».

«Adicionalmente, hemos recibido reportes sobre solicitudes de dinero a las familias bajo la figura de donaciones. Estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan», dijo la directora general.

Finalmente señaló que se mantendrá un diálogo directo con las madres comunitarias, se escucharán sus preocupaciones y se exigirá al operador el cumplimiento de sus obligaciones. «Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias y tomar las decisiones del Instituto con transparencia, sin ceder a presiones».