El sistema de educación superior del país exige un cambio de enfoque urgente: el próximo paso no debe ser la expedición de más normas, sino lograr que las leyes existentes funcionen de manera eficiente.

Así lo manifestó la experta en educación María Ruth Hernández Martínez, quien señala que el constante cambio de reglas para obtener y modificar registros calificados ha saturado a las instituciones, desviando el verdadero propósito de la calidad educativa hacia la burocracia.

A pesar de esfuerzos como el Decreto 0529, diseñado originalmente para agilizar la creación de nuevos programas, el sector experimenta vacíos normativos en las modificaciones de programas vigentes. Asimismo, la gestión se ha visto obstaculizada por plataformas tecnológicas que todavía presentan retos de interoperabilidad con sistemas nacionales como el SNIES.

Ante la renovación del equipo directivo del Ministerio de Educación y del Viceministerio de Educación Superior, Hernández Martínez enfatiza que, aunque se ha informado sobre la agilización de procesos que acumulaban hasta tres años de retraso, la solución no puede ser temporal.

“No deja de ser paradójico que a las universidades se les exija ser ágiles, flexibles e innovadoras mientras los procesos administrativos que regulan buena parte de su actividad avanzan con lentitud”, afirmó la especialista, subrayando que el desafío actual es principalmente administrativo y operativo.

El ecosistema educativo responde hoy a una nueva generación de estudiantes con múltiples alternativas de formación y una relación distinta con el mercado laboral. Para la experta, el Ministerio tiene una oportunidad histórica para revisar procesos, tiempos y herramientas con el fin de convertir el aseguramiento de la calidad en un motor de innovación institucional en lugar de un freno.

Para lograrlo, la especialista propone abrir un diálogo de aprendizaje donde los Sistemas internos de Aseguramiento de la Calidad (SiAC) se articulen con otros modelos exitosos de gestión.

Esta evolución implica conectar las experiencias de las universidades públicas, que utilizan como referente el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) con las metodologías de las instituciones privadas basadas en las normas internacionales ISO. Aunque se trata de sistemas distintos , ambos comparten el propósito central de mejorar el servicio que reciben aspirantes, estudiantes y graduados.

El llamado final a las autoridades es a la acción: Colombia necesita menos dispersión y más articulación.

El aseguramiento de la calidad debe dejar de ser un simple requisito de trámite y convertirse en una gestión real que transforme de fondo la educación superior.