En el marco de la intensificación de las confrontaciones armadas en el departamento del Caquetá
y del recrudecimiento de la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales, la Defensoría
del Pueblo expresa su profunda preocupación por las afectaciones a la población civil del municipio
de Cartagena del Chairá, Caquetá, especialmente en la región del Bajo Caguán.
La situación se deriva de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias
“Calarcá”, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, al mando de alias “Iván Mordisco”, cuyas
acciones están impactando gravemente a las comunidades campesinas y rurales del territorio.
Esta región fue focalizada en la Alerta Temprana de Inminencia 023 de 2024 y posteriormente en
la Alerta Temprana 001 de 2025, debido a los impactos humanitarios y a las consecuentes
vulneraciones de los derechos a la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal.
Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación
con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y
adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población.
En este contexto, el 28 de enero de 2026 el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez anunció el
inicio de un “paro armado” en el municipio de Cartagena del Chairá, sumándose al anunciado por
este mismo grupo en diciembre de 2025. Cabe señalar que el sector del Bajo Caguán permanece
expuesto a restricciones similares desde octubre de 2025, por órdenes emitidas por integrantes del
Bloque Jorge Suárez Briceño, lo que ha generado continuas limitaciones a la movilidad y ha
dificultado el acceso de las comunidades a derechos fundamentales como la alimentación, la salud
y la educación.
La Defensoría del Pueblo exige a los grupos armados presentes en la zona que excluyan de manera
estricta a la población civil de las hostilidades y se abstengan de ejecutar acciones que pongan en
riesgo a las comunidades, en estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional
Humanitario. De igual manera, les insta a respetar y no obstaculizar las acciones de carácter
humanitario orientadas a la atención y protección de la población afectada.
Asimismo, la entidad reitera la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas en
la Alerta Temprana 001 de 2025 y a las comunicaciones remitidas al Ministerio del Interior sobre
esta situación. Se insta a las autoridades de los niveles local, departamental y nacional a
implementar acciones urgentes, coordinadas y eficaces, con enfoques diferencial y de acción sin
daño, orientadas a la protección y atención integral de la población civil en riesgo.
La Defensoría del Pueblo continuará realizando seguimiento permanente a la situación y ejerciendo
su labor constitucional para la defensa y garantía de los derechos humanos en el territorio.
