El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó su profunda preocupación por la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica, una medida excepcional adoptada para enfrentar una situación fiscal y financiera crítica que compromete la capacidad del Estado para cumplir con obligaciones constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de la Corte, mediante una votación de seis magistrados contra dos, adoptó una medida cautelar sin precedentes al suspender un decreto presidencial. Esta decisión se produce en un contexto en el que el país enfrenta no sólo un déficit fiscal estructural, sino también un elevado nivel de riesgo que impacta directamente la capacidad de pago de la deuda pública y la sostenibilidad del sistema de seguridad social.
Tal como lo ha señalado el ministro del Interior, la declaratoria de la Emergencia Económica respondía a la necesidad de evitar que el peso de la crisis recaiga sobre los sectores más vulnerables de la población. El propósito central era que el mayor esfuerzo fiscal fuera asumido por quienes cuentan con mayores ingresos y capacidad económica, garantizando la continuidad de las políticas sociales y la protección de los derechos fundamentales.
“El levantamiento de la Emergencia Económica termina generando una emergencia social. Esta decisión protege a los sectores más ricos y bloquea recursos que podían destinarse a la población que más los necesita. No es justo ni responsable que, en medio de una crisis, se impida que quienes más tienen aporten más”, manifestó el ministro Benedetti.
La suspensión del decreto limita gravemente las herramientas del Gobierno nacional para actuar de manera oportuna frente a la coyuntura económica y tiene efectos directos sobre la estabilidad del país. Al impedir la adopción de medidas extraordinarias de recaudo, se reducen los recursos destinados a programas sociales, inversión pública y cumplimiento de obligaciones esenciales del Estado, afectando de manera directa a las clases populares.
Desde el Ministerio del Interior se advierte que esta decisión, en la práctica, favorece a los sectores de mayores ingresos, al bloquear mecanismos orientados a una distribución más equitativa del esfuerzo fiscal, y traslada el costo de la crisis a los ciudadanos que dependen de la acción estatal para el acceso efectivo a derechos básicos.
El Gobierno nacional hace un llamado a evaluar con responsabilidad los impactos económicos y sociales derivados de esta suspensión, en un momento particularmente crítico para el país.
