Los gobernadores de Colombia, en una sola voz, expresamos nuestro profundo inconformismo frente a decisiones y acciones que viene tomando el Gobierno Nacional las cuales vulneran de manera abierta y reiterada la autonomía territorial. No pueden seguir gobernando y legislando a través de actos administrativos que desconocen la ley y los planes departamentales de desarrollo y que, con cada nuevo decreto y resolución, desvían los escasos recursos de las gobernaciones, frenan la inversión regional, limitan la gobernanza y cercenan la autonomía.
Hoy no solo elevamos nuestra voz ante el Gobierno nacional: también alertamos a la opinión pública sobre cuatro hechos críticos que, con preocupación, ponen en entredicho la voluntad popular desconociendo la independencia institucional. Por lo anterior:
- Exigimos al Gobierno nacional dejar sin efectos el concepto OAJ 20253200155813 emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Este concepto impide que en el presupuesto de los proyectos de inversión se contemplen gastos de legalización y costos por estampillas u otros tributos, afectando la viabilidad financiera al desconocer el impacto de estas erogaciones legales en los costos finales; contradiciendo las ‘Guías de proyectos tipo’ del DNP; y rompiendo con el principio de programación integral -artículo 127 de la Ley 2056 de 2020-, y el deber de planeación y determinación previa del presupuesto que exige incluir todos los gastos asociados al proyecto.
- La suspensión inmediata del Artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que amenaza la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública y va en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector. La aplicación de esta normativa impide financiar con recursos del SGP, cargos de planta de personal en las secretarías de Salud departamentales. Esto envía un mensaje errado y contradictorio de cara a la reciente reforma laboral aprobada, que busca formalizar la vinculación, mejorar las condiciones de calidad del empleo público y dignificar a los trabajadores del sector salud y pone en riesgo la atención, promoción y prevención en salud.
- Exhortamos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025 que reforma el FONPET. Una vez sancionadas y promulgadas las leyes se deben acatar. Dicha Ley busca que haya eficacia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos con los que se financia el pasivo pensional, garantizando con transparencia y publicidad, que las regiones puedan cubrir este rubro para luego disponer de sus propios recursos.
- Las regiones necesitan contar con funcionarios en propiedad. Exigimos el cumplimiento de la Constitución Política en lo que respecta a los nombramientos de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operan en los departamentos, esto es: SENA,
ICBF, INVÍAS, ICA.
Esperamos, respuesta positiva frente a las solicitudes hechas en el día de hoy para que no siga haciendo tránsito la necesidad de agotar las vías jurisdiccionales en el cumplimiento de las obligaciones para el beneficio de nuestras gentes en las regiones.
