Como parte de la Alianza por la Legalidad de los Servicios Públicos, las empresas Vanti, Enel Colombia y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en coordinación con la Alcaldía Local y la Policía Nacional, adelantaron un operativo conjunto que permitió identificar y desmantelar una red de defraudación de agua, energía y gas en una tintorería de la localidad de Puente Aranda.
Durante la intervención, se encontró una conexión ilegal que permitió a la tintorería apropiarse fraudulentamente de más de 3.910 metros cúbicos de agua, lo que representa un valor superior a los 44 millones de pesos. Los equipos técnicos de las tres empresas, apoyados por personal especializado y maquinaria de excavación profunda, realizaron trabajos en horario nocturno para descubrir y eliminar las conexiones subterráneas manipuladas.
La EAAB indicó que el volumen de agua utilizada ilegalmente por esta tintorería permitiría abastecer a cerca de 460 familias de estrato 3 durante un mes, considerando un consumo promedio de 8,5 metros cúbicos por hogar.
Asimismo, se encontró que en esta tintorería había conexiones fraudulentas de gas natural y donde Vanti está determinando la cantidad de metros cúbicos (m3) que habrían sido hurtados pues en este tipo de establecimientos se consumen entre 3 mil y 6 mil m3 mensuales, que equivalen al utilizado en 250 residencias.
Este tipo de intervenciones ilegales en las redes de gas natural representan un peligro inminente no solo para los trabajadores del establecimiento, sino también para la comunidad vecina, debido al alto riesgo de explosiones, incendios o afectaciones a la red pública.
Por su parte, Enel detectó que el establecimiento estaba incurriendo en hurto de energía mediante una conexión no autorizada de un cable eléctrico que superaba en un 86% la carga máxima autorizada al predio, generando un alto riesgo eléctrico a los transeúntes al no cumplir con las normas técnicas exigidas.
Además de evadir el registro de energía por el equipo de medida y el pago correspondiente, también afectó la calidad del servicio de los vecinos y los expuso a riesgos de accidente por electrocución, posibles sobrecargas e incendios.
Se estima que la energía hurtada asciende a 71.5 MWh, lo que equivale al consumo promedio de 550 hogares durante un mes. Esta práctica ilegal estima una pérdida económica de $72 millones, afectando directamente la sostenibilidad del servicio eléctrico.
Las inspecciones, desarrolladas bajo estrictas verificaciones técnicas, confirmaron el uso de accesorios ilícitos para la alteración de la medición de los servicios y el desvío de agua, energía y gas, desde acometidas ubicadas a una distancia considerable del establecimiento comercial.
Gracias a la colaboración articulada entre Vanti, Enel Colombia y la EAAB, se logró no solo frenar un significativo daño económico a las empresas y a la ciudad, sino también fortalecer la seguridad y la legalidad en la prestación de los servicios públicos.
Llamado a los comerciantes
Desde las tres empresas se hace un llamado especial al sector comercial para que haga un uso legal de los servicios públicos.
Se recuerda que el delito de defraudación de fluidos contempla penas de hasta 9 años de prisión, multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes y, como sanción adicional, la cancelación de la matrícula mercantil del establecimiento que incurra en esta conducta.
Las entidades reiteran su compromiso con la protección de los recursos y la legalidad, e invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en los consumos de agua, gas o energía a través de los canales oficiales:
- Robo de agua: Acualínea 116 o al correo electrónico
recuperacióndeconsumoseaab@acueducto.com.co - Robo de energía: 601 5140000 o a través de la página oficial de la compañía o ingresando al siguiente enlace: https://enelsud.info-enel.com/enel-reporte-anonimo?utm_source=landing&utm_medium=referral&utm_campaign=digital_pr
- Robo de gas: 01-800-5189587 (llamada gratuita), o al correo electrónico denunciasvanti@tulineaetica.com
Cabe resaltar que, en el marco de la Alianza Unidos por la Legalidad de los Servicios Públicos, las tres empresas adelantarán el cruce permanente de información sobre casos sospechosos o posibles fraudes, sin importar el servicio afectado. Esta articulación busca garantizar a los usuarios servicios seguros, legales y confiables.
