La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, se pronunció con firmeza sobre el paro de arroceros que desde el 14 de julio moviliza a productores en al menos siete departamentos del país, entre esos e departamento de Sucre. Calificó la medida de libertad regulada propuesta por el Gobierno Nacional como un paso positivo, pero hizo un llamado urgente.

“Lo que esperamos es que estos valores cubran realmente los costos de nuestros productores. No puede haber una libertad regulada si se sigue condenando a los productores a producir con pérdidas. Pedimos que se escuche a quienes hoy están movilizados y se tomen decisiones justas que garanticen ingresos dignos para las familias productoras de arroz”, afirmó.

En el borrador de resolución que publicó el Ministerio de Agricultura se establecen precios mínimos por región y obliga a reportes semanales de compra, origen y condiciones de venta.

La mandataria, desde una mesa de trabajo con la Agencia de Desarrollo Rural en Bogotá, recalcó que el temor de muchas familias rurales es que la regulación se quede corta para frenar las pérdidas que ya ponen en riesgo su sustento diario. “Los arroceros piden lo justo, que el precio cubra la inversión y utilidades que les permita vivir dignamente”, agregó.

El departamento de Sucre cuenta con más de 23.000 hectáreas sembradas de arroz secano mecanizado, el 90 % ubicadas en la subregión Mojana. Con una producción promedio de 4,5 toneladas por hectárea y un costo estimado de $5.142.682 por hectárea, esta zona aporta más de 103.000 toneladas anuales de arroz al país y es clave para la seguridad alimentaria de Colombia.

Sin embargo, los productores atraviesan una situación crítica, dado que los molinos pagan apenas $1.250.000 por tonelada, mientras que producirla cuesta $1.570.000, lo que representa una pérdida directa para el campesino. A esto se suman los elevados costos de arriendo, que alcanzan hasta $2 millones por hectárea, y el limitado acceso a financiamiento, infraestructura y asistencia técnica.

Ante este panorama, la Gobernadora Lucy García propuso fortalecer los mecanismos de compra pública estatal, como herramienta para garantizar un mercado justo y estable para los pequeños arroceros. “Entidades como el ICBF, la USPEC, el Ejército, la Policía y los programas de alimentación escolar deben priorizar la compra de arroz producido por nuestros campesinos. Es una medida concreta, legal y urgente para proteger su trabajo y dignidad”, subrayó.

Cabe anotar que el arroz es el principal cultivo de ciclo corto en Colombia y un pilar de la seguridad alimentaria, ya que genera cerca de 400.000 empleos y sostiene la economía agrícola de más de 198 municipios.