Una nueva acción coordinada de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Fuerza Pública, dio como resultado el cierre de una mina de carbón de piedra ubicada en zona rural del municipio de Ráquira, Boyacá, que venía operando de manera ilegal.

La Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental – UIGA y la Dirección Regional Chiquinquirá, en forma planificada y articulada con el Batallón de Infantería No. 2 del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia y la Sección de Investigación Criminal del Departamento de Policía de Boyacá llegaron hasta el municipio de Ráquira, en la vereda Firita Peña Arriba, en límites entre Cundinamarca y Boyacá.

Allí, las autoridades encontraron en situación de flagrancia una extracción ilegal de carbón de piedra en forma mecanizada y subterránea, dotada de infraestructura y maquinaria que da cuenta de una extracción a gran escala en un área aproximada de 3.940 metros cuadrados.

La CAR pudo establecer que el punto de la bocamina no está incluido dentro del Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) aprobados por las autoridades competentes, por lo cual se considera que opera en forma ilegal.

En el lugar de la diligencia, se observó la presencia de maquinaria amarilla, compresores eléctricos para aireación, volqueta de transporte de material estéril con capacidad de carga de más de 10 toneladas, un malacate de fabricación artesanal adaptado con la caja de transmisión de un camión accionado por un motor eléctrico de 36 caballos de fuerza.

En el sitio se identificaron espacios como un patio de maniobras sin ningún tipo de manejo técnico, un patio de acopio y dos escombreras de material estéril.

Ninguna de estas estructuras cuenta con sistemas de aislamiento de base y tampoco con un sistema adecuado para el manejo de aguas, lo que podría propiciar la infiltración de posibles lixiviados generados por el contacto del agua lluvia o de escorrentía con el material.

En el recorrido se pudo constatar la clara afectación de los recursos suelo, flora, agua, y paisaje, por lo cual la CAR dispuso la suspensión inmediata de las actividades de explotación y extracción subterránea de carbón mineral de forma mecanizada y el decomiso preventivo de un bulldozer tipo “Pajarita”, que fue dejado como depositario provisional, en manos de un particular del lugar.

“Frente a daños ambientales como los evidenciados la normatividad vigente permite aplicar multas de entre 100 y 50 salarios mínimos legales mensuales, además de ordenar el cierre definitivo del establecimiento”, afirmó Yiber González, director regional Chiquinquirá de la CAR.

Por su parte, la Policía capturó a tres de las personas encontradas en flagrancia y las condujo hasta la URI de la Fiscalía en el municipio de Chiquinquirá para su correspondiente judicialización.