Recursos por $26.651 millones provenientes del recaudo del impuesto al carbono serán invertidos en proyectos productivos de sustitución de cultivos ilícitos en varias zonas del país, anunció este martes el Fondo Colombia en Paz, que se encarga de administrar y ejecutar los recursos para la implementación del Acuerdo de Paz.
“La totalidad de recursos recaudados durante el primer trimestre del año por este tributo ($26.651 millones) los destinamos a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito para garantizar proyectos productivos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz”, señaló Carlos Hernández, subdirector administrativo y financiero del Fondo.
Según Hernández, los recursos se destinarán “en su gran mayoría a actividades contractuales que beneficiarán a 3.030 familias campesinas en el componente de ciclo largo, en diferentes zonas rurales del territorio nacional, que hacen parte del Programa Nacional de Sustitución -PNIS”.
La subcuenta de Sustitución apoya los programas, proyectos e iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de estos.
Hernández destacó que esta subcuenta “realizó el trámite de actualización de su proyecto de inversión y que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Páramos y la más reciente Reforma Tributaria, son los garantes para la recepción de estos recursos”.
“Este tema va muy de la mano con temas de sostenibilidad ambiental y, en gran parte, con la línea de acción de proyectos productivos”, concluyó el subdirector tras recordar que el impuesto al carbono se cobra a los emisores de CO2 en el país, a través de la Dirección de Impuestos DIAN y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Sobre el Fondo Colombia en Paz
El Fondo Colombia en Paz (FCP) es un vehículo financiero creado con ocasión de la firma del Acuerdo de Paz en 2016. La creación del FCP tiene origen legal en el Decreto Ley 691 de 2017 y su objeto consiste en garantizar la eficiencia y eficacia en la administración, coordinación, focalización y ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, conforme al Plan Marco de Implementación (PMI).
