En lo que va corrido del 2022, la Defensoría del Pueblo ya registra 936 personas de 277 familias víctimas de desplazamiento forzado hacia Puerto Carreño (Vichada) por la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en la zona fronteriza.
Así lo dio a conocer el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, durante una visita de verificación de la situación de las comunidades víctimas de desplazamiento forzado que han llegado hasta Puerto Carreño, capital del Vichada, frontera con Venezuela.
El equipo de la Regional Vichada ha venido haciendo el seguimiento a la crisis humanitaria y constatando en los recorridos que el 55% de la población afectada corresponde a indígenas migrantes, el 42% a campesinos migrantes y solo el 3% a campesinos colombianos.
“Hambre, abandono y miedo es lo que encontré durante mi visita a Puerto Carreño, por cuenta del desplazamiento forzado de varias comunidades de campesinos, de pescadores, de indígenas y de migrantes que han tenido que abandonar su territorio por cuenta de las acciones de los grupos armados ilegales. Es una situación humanitaria con dimensiones tan graves como las que hemos venido atendiendo en Arauca”, dijo Carlos Camargo.
“El común denominador que estamos encontrando en la zona fronteriza de Arauca y Vichada es la población arrinconada, porque en las ciudades o zonas urbanas no tienen espacio para desarrollar sus actividades de pesca y agricultura, por lo cual están pasando hambre”, agregó.
“Levanto mi voz por aquellos que tienen miedo de hablar, para anunciar que la próxima semana coordinaré un equipo interdisciplinario desde el nivel central de la Defensoría para que refuerce el trabajo que hemos venido haciendo en el Vichada, similar a lo que hemos hecho en Arauca, para caracterizar los diferentes fenómenos vulneratorios”, dijo el Defensor del Pueblo.
A la Defensoría del Pueblo, lo que más le preocupa es que la crisis humanitaria se está incrementado. El temor es tan gran que las comunidades visitadas manifiestan que no piensan regresar, porque no van a exponer sus vidas ante las amenazas de los grupos armados y por el riesgo de reclutamiento de sus niños, niñas y adolescentes.
“Como Defensor del Pueblo y como presidente de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri, por su sigla en inglés), hago un llamado a toda la institucionalidad de Estado colombiano y a la comunidad internacional para volcar los ojos en la población del Vichada y de las zonas de frontera”, puntualizó Carlos Camargo.
