La Fiscalía General de la Nación demostró en la etapa de juicio oral que la ex mandataria local de Neiva (Huila) Cielo González Villa no acató los lineamientos de la Ley 80 de contratación pública y, por el contrario, a través de un convenio de cooperación con una entidad internacional, comprometió recursos públicos de manera directa.
González Villa, ostentado el cargo de alcaldesa, en abril de 2005 suscribió el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica con la Secretaría Ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello (Secab), cuyo objeto era recibir asistencia técnica por parte de esta última, para la formulación y gestión de proyectos en componentes técnicos, financieramente viables que permitieran optimizar el sistema de acueducto de la ciudad.
Para tal fin, dispuso de un presupuesto de 360 millones de pesos. La totalidad del dinero fue entregada a la Secab por medio de las Empresas Públicas Municipales de Neiva ESP, siendo necesario suscribir otro convenio interadministrativo de transferencia de recursos.
Entre las irregularidades que identificó el ente acusador en la investigación, se destaca que no existió un proceso de selección objetiva, pues con una “Carta de acuerdo”, solicitada por González Villa, fueron establecidas las condiciones del convenio. Además, el pago se hizo en un solo contado sin cumplirse el perfeccionamiento, legalización y la entrega de soportes de las actividades realizadas.
También se estableció que hubo falta de planeación y la interventoría fue ejecutada a través de otro contrato con una empresa privada seleccionada meses después de iniciar la ejecución del convenio. Por otra parte, la Secab, para cumplir el objeto contractual subcontrató a un tercero, el cual adelantó el estudio integral en las fases de captación, conducción, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento de agua potable.
En ese sentido, el juez avaló los argumentos de la Fiscalía y condenó a la exalcaldesa a una pena de prisión de 48 meses, multa de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 60 meses de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas. El fallador le concedió la prisión domiciliaria.
