En el marco del Día Internacional de Acción por los Ríos, la Contraloría de Cundinamarca reafirma su compromiso con la protección del recurso hídrico y anunció el desarrollo de auditorías ambientales dirigidas a evaluar el manejo de los recursos públicos destinados al saneamiento, la protección de cuencas y la prestación del servicio de agua potable en el departamento.

Actualmente la entidad adelanta tres procesos auditores de cumplimiento en materia ambiental, que se encuentran en fase de ejecución (entre el 9 de marzo y el 15 de mayo) de 2026, con el propósito de verificar la gestión fiscal realizada durante la vigencia 2025 en temas estratégicos relacionados con la protección del agua y los ecosistemas asociados.

En total, 28 sujetos de control, entre municipios y empresas de servicios públicos, serán evaluados en aspectos como el cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá, el pago de tasas retributivas y por uso del agua, la ejecución de recursos destinados a la protección de áreas estratégicas y la gestión del servicio público de acueducto.

Uno de los procesos auditores se enfoca en la verificación del cumplimiento de las órdenes derivadas de la Sentencia del Río Bogotá, particularmente en lo relacionado con el saneamiento de aguas residuales y las obligaciones ambientales asociadas.

En este ejercicio se auditan los municipios de Chocontá, Gachancipá, Nemocón, Suesca y Villapinzón, así como las empresas de servicios públicos de Tocancipá y Zipaquirá, con el objetivo de establecer si las entidades han cumplido con la imposición y pago de tasas retributivas, multas o sanciones ambientales.

Un segundo proceso auditor evalúa el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la protección de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, incluyendo la apropiación y ejecución del mínimo del 1 % de los ingresos corrientes de libre destinación para la compra o mantenimiento de estas áreas, conforme a la normativa ambiental vigente.

Este ejercicio involucra a 14 municipios del departamento, entre ellos: Agua de Dios, Anapoima, Apulo, Cachipay, Quipile, Tocaima, Viotá, La Peña, Lenguazaque, Quebradanegra, Sasaima, Supatá, Sutatausa y Tausa.

De manera complementaria, la Contraloría también adelanta auditorías orientadas a evaluar la gestión fiscal asociada al servicio público de acueducto, revisando los procesos de captación, tratamiento, transporte y distribución del agua potable, así como el cumplimiento en el pago de las tasas por uso del recurso hídrico.

En este caso, se auditan los municipios de Arbeláez, Cabrera, Granada, Machetá, Manta y Tibirita, además de la empresa de servicios públicos de Fusagasugá.Estos procesos incluyen además la revisión de multas y sanciones ambientales, el cumplimiento de las obligaciones de pago de tasas retributivas y por uso del agua establecidas en la Ley 99 de 1993, así como la evaluación de los planes de mejoramiento adoptados por las entidades auditadas.

La Contraloría de Cundinamarca destaca que el control fiscal en materia ambiental cumple un papel clave en la protección de los ecosistemas y en la garantía de los derechos colectivos asociados al acceso al agua, razón por la cual la entidad continuará fortaleciendo la vigilancia sobre los recursos públicos destinados a la gestión ambiental y al saneamiento hídrico en el departamento.

En una fecha como el Día Mundial del Agua, la entidad reiteró que el control fiscal también contribuye a la defensa del patrimonio natural, asegurando que los recursos públicos destinados a la protección del agua se ejecuten con transparencia, eficiencia y responsabilidad.