Cómo evitar que Colombia sea condenada por 80 billones de pesos en Inversión extranjera

Cómo evitar que Colombia sea condenada por 80 billones de pesos en Inversión extranjera

La citante a este debate de control político en Comisión Tercera de Senado, la Senadora Emma Claudia Castellanos, hizo referencias a la política de defensa jurídica internacional del Estado, respecto a tratados de inversión y sus consecuencias económicas.

“Este debate es la oportunidad para aportar a la política de promoción de la inversión extranjera y formular propuestas con el fin de evitar que los beneficios de esta se esfumen en arbitrajes internacionales donde el Estado colombiano sea condenado por incumplir obligaciones.” dijo la Senadora Castellanos.

Deuda de Colombia

Actualmente hay 19 tratados de inversión vigente, entre ellos capítulos de Inversión en el marco del Tartado del Libre Comercio (TLC) o de Acuerdos para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que permite el arbitraje inversor – Estado.

Colombia tiene grandes retos para que la inversión extranjera tenga un mayor impacto en: La creación de empleo, las transferencias de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de la conexión con el Estado de origen de la inversión y los mercados internacionales, el incremento de ingresos por impuestos recaudados. Así de forma indirecta se aumentaría la productividad, la competitividad local y contribuye a reducir los índices de pobreza. 

Tan solo en 2018, Colombia fue el país más demandado a nivel mundial. Se registraron seís demandas en contra.  Hoy 15 en total ante la CIADI. A éstas se incluye otra demanda en Tribunal Arbitral de Inversión bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI). Significa que por año el país ha recibido en promedio 3,7 demandas.

Respecto a esas 16 demandas, el 86% del monto reclamado provienen del sector de minería y explotación de hidrocarburos; el 88% de inversores de Estados Unidos y Canadá y El 86% de las demandas corresponden a infracciones de la cláusula de trato justo y equitativo. Una cláusula controversial cuya inclusión afecta el poder regulatorio del Estado.

A la fecha solo se ha resuelto una demanda del 2016, del fallo a favor del inversor Glencore, donde se le ordenó a Colombia a pagar US$19 millones de dólares, lo que corresponde a cerca de $70 MIL millones de pesos. Que si bien es apenas un 3% de las pretensiones del inversionista, es una suma considerable.

La Senadora Emma Claudia aseveró que con esos $19 millones de dólares se habría cubierto los pagos del programa Ingreso Solidario para 3 departamentos con mayor índice de pobreza multidimensional como Vichada, Guainía, Vaupés por 36 meses, o los pagos correspondientes al departamento del Chocó durante 8 meses o para el departamento de la Guajira durante 3 meses.

“Colombia tiene pendientes 15 demandas que superan los 21 mil millones dólares en compensación, lo que equivale a $80.8 billones de pesos y 2 demandas de las cuáles no se ha estimado el valor a reclamar. Lo que equivale a hablar de una pérdida cercana a la cuarta parte del presupuesto nacional para el 2021.  Colombia debe ser condenada en arbitrajes de inversión porque solo el valor de las demandas del sector minero equivale a 27 veces las regalías que ese sector dejó en 2019; a casi el doble del presupuesto para la educación y 2.5 veces el presupuesto para la salud. Ante este panorama incierto, deben existir mecanismos que blinden la nación ante las posibles pérdidas financieras.”

Con el valor total de las pretensiones de las demandas (casi $81 billones) alcanzaría para cubrir: los pagos del programa Ingreso Solidario de todo el país para los siguientes 7 años; es 63 veces el presupuesto del programa Familias en Acción para 2020 y 34 veces el presupuesto de 2021. Además esta cifra supera 1.5 veces el presupuesto de inversión para el año 2021.

Hoy en día Colombia tiene 15 procesos ante la CIADI por reclamaciones de inversionistas por incumplir obligaciones internacionales, además un arbitraje  con reglas CNUDMI con pretensiones exorbitantes.

Los citantes al Debate

Viceministra Laura Valdivieso
El primer pilar es el aprovechamiento de los acuerdos comerciales y mercados estratégicos que nos dan acceso a un mercado de 1,500 millones de consumidores a nivel mundial.‬

Viceminstro de Justicia Francisco Chaux Dijo que los gastos incurridos en Colombia por representación jurídica en sus arbitrajes de inversión ascienden a la suma de US$12,594,206, una cifra alta pero comparado con las pretenciones, es un litigio costoso que le vale al país, pero que le ahorra dinero a Colombia. Reiteró que como miembro del Estado de Justicia, Colombia no ha utilizado la expropiación.

Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Camilo Gómez Aseguró que las demandas de arbitraje de inversión, al pasado mes de septiembre del 2020 son de 341.665 demandas en el nivel interno que valen $401 billones de pesos en pretenciones, es decir 341 mil procesos. En el contexto i nternacional Colombia tiene una de las tasas más elevadas. 70 procesos de arbitraje comercial con un costo de $5.1 billones de pesos. Los 16 casos de arbitraje de inversión por un valor de $22.9 billones de pesos. Litigios en el sistema intermaericano son 1.125 quejas contra Colombia de las cuales han sido transmitidas 751 quejas que se llevan ante la corte interamericana de derechos Humanos.

Conclusiones

La congresista citante al debate dijo que se debe atraer inversión extranjera y tener en cuenta además de la dimensión cuantitativa, los aspectos cualitativos como: El Medio Ambiente, la Gobernanza y lo Social. Se debe reinventar los factores para hacer más atractivo al país con incentivos fiscales, menores costos laborales y acceso a recursos naturales. Sino la estabilidad política y económica y un entorno jurídico y normativo previsible, la reconstrucción interna, del fortalecimiento de la institucionalidad y de las estructuras de las que se dispone. Se debe mitigar y evitar el constante cambio de las reglas de juego, así como fortalecer la democracia y administración pública con el fin de que el inversionista crea que invertir en Colombia va a dar retorno a su inversión. Asesorar a inversionistas que se encuentran en el país y que estén buscando oportunidades de negocios. 

Finalmente, la Senadora Castellanos afirmó que los retos son grandes, tanto en atracción de inversiones como en su protección. Se debe promover la inversión extranjera directa en Colombia a través de normatividad, incentivos, seguridad a las inversiones y una cultura que las valores, que el país tenga un mayor desarrollo económico y social. Porque la inversión extranjera debe estar ligada al desarrollo de la multiculturalidad y las regiones. Concluyó que está en juego los activos y el prestigio internacional del país y que la inversión extranjera deber permitir un desarrollo coherente de las regiones y la gente.