La concejal Sandra Forero Ramírez, del Centro Democrático, denunció las graves consecuencias que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado durante la administración de Claudia López, tiene para la economía de Bogotá.
Afirmó que este POT pone en riesgo $1.8 billones de pesos adicionales del recaudo de la ciudad, porque frena la construcción de edificaciones formales y afecta los impuestos relacionados con el sector, como el predial, el ICA y la delineación urbana.
Durante su intervención, la concejal destacó siete problemáticas principales del POT que amenazan la economía de la ciudad y favorecen la informalidad, lo que aumenta la pobreza, la desigualdad y pone una carga fiscal mayor sobre el Distrito.
Forero señaló que los estrictos requisitos establecidos en el POT para el desarrollo de vivienda formal fomentan la informalidad, lo que podría incrementar el número de personas que viven en residencias precarias.
Según la concejal, más de 860 mil personas en Bogotá habitan en condiciones urbanas precarias, como Lucía, una mujer de 28 años que vive con su esposo y tres hijos en un cuarto de 27 m² de un inquilinato, sin acceso a servicios públicos, ni a un lugar seguro donde dejar a sus hijos, lo que impide que se pueda formar y trabajar.
Otra de las consecuencias del POT es el congelamiento de varias zonas de la ciudad, lo que impide el desarrollo de la capital.
Las Actuaciones Estratégicas han dejado inmovilizados 920.000 predios, lo que representa un valor estimado de $268 billones del patrimonio de los bogotanos.
Además, Forero destacó la desvalorización de propiedades privadas, ya que algunos predios han pasado de estar ubicados en suelo urbano a suelo rural, lo que ha reduce su valor comercial.
El POT también ha generado una caída en el licenciamiento de proyectos urbanísticos. Según ella Secretaría de Planeación, en el último año a junio de 2024, los metros cuadrados licenciados en Bogotá cayeron un 58 anual%.
Esta reducción ha afectado negativamente el inicio de nuevos proyectos, impactando a todos los sectores de la economía.
Forero advirtió que la falta de iniciaciones también ha provocado una pérdida de empleo, con la afectación de 14.000 puestos de trabajo en el sector de edificaciones en el último año, lo que puede aumentar la presión sobre el presupuesto de la ciudad, al obligar a muchas familias a recurrir a ayudas sociales, recargando el gasto del Distrito.
Además, Forero criticó las incoherencias del POT, que ha encarecido la construcción formal al subir las cargas urbanísticas en zonas de consolidación del 0 al 15% y renovación urbana del 20 al 45%.
También señaló que el POT no permite la construcción suficiente de viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). A octubre de 2024, solo había 1.400 unidades VIP disponibles, una cifra muy baja frente a la alta demanda de viviendas para las familias más vulnerables.
La cabildante también destacó el exceso de reglamentación del POT, lo que genera inseguridad jurídica y dificulta la implementación de sus disposiciones.
Finalmente, Forero señaló que, aunque el POT fue aprobado por una administración que defendía el medio ambiente, las barreras del plan seguramente impulsarán la depredación ambiental y la construcción ilegal, lo que aumenta la vulnerabilidad de la ciudad ante desastres naturales.
En conclusión, el POT 555, tal como está diseñado, está generando efectos negativos en la economía, el empleo, la vivienda, el medio ambiente y la calidad de vida de los bogotanos. Es urgente revisar y modificar este plan para fomentar un desarrollo urbano más sostenible y equitativo que beneficie a todos los sectores de la sociedad.
Bogotá necesita políticas que promuevan el crecimiento económico, la generación de empleo y la construcción de vivienda digna para todos.
