Las justas reclamaciones del pueblo colombiano movilizado en las calles han llevado a que ciertos sectores del Congreso de la República, que venían apoyando con vigor la reforma a la salud (Proyecto de Ley 010 Senado, 425 Cámara), hoy se empiecen a bajar del barco antes de que se hunda.

Pero colombianos, no se dejen engañar, sin la movilización social que hoy en las calles estremece al país, los conglomerados económicos con sus mayorías aplastantes en el congreso hubiesen aprobado todas las reformas sin ningún rubor.

Desde el Partido Comunes manifestamos a la opinión pública nuestro rechazo al proyecto de ley 010 de 2020, el cual ha querido continuar su curso pese a la amplia oposición de las y los trabajadores de la salud, las organizaciones sociales, y la comunidad académica. Rechazo que no es
nuevo, y que hemos mantenido coherentemente desde que esa gabela a los conglomerados empresariales fue radicada en el congreso.

Decir que es un proyecto que dicta disposiciones para garantizar el derecho fundamental a la salud de las y los colombianos, es un engaño, puesto que lo único que está garantizando es mantener la posibilidad de lucro de los grupos económicos que hacen de la salud un negocio rentable y conducirnos a la premonitoria desaparición de la red pública hospitalaria a falta de recursos suficientes y posibilidades de participar en condiciones equitativas dentro del mercado de la salud que la Ley 100 ha creado.

Además, el proyecto tampoco está comprometiendo de forma clara a las
demás instituciones que deben actuar sobre los determinantes de la salud: aún tenemos territorios rurales donde se carece de saneamiento básico, agua potable, vivienda digna, y no hay suficiente oferta institucional. Se padece de desnutrición, hay enfermedades tropicales que no son atendidas
a tiempo, y podemos seguir listando los problemas.

La pandemia nos mostró de forma más clara que la población no tiene garantizado el derecho a la salud solo con estar asegurada.

Sí necesitamos una reforma a la salud, pero no la que nos quieren imponer, la cual pone por encima el manejo y prevención del riesgo financiero, sobre la prevención de la enfermedad y la protección de la vida.

Por tal motivo, es necesario y urgente una reforma al sistema, pero construida con la sociedad civil, con las y los diferentes actores del sistema, y estos no se reducen a un Ministerio o a los intereses de los partidos tradicionales.

Es necesaria la protección y el fortalecimiento de los hospitales públicos, los cuales atienden a casi el 80% de la población vulnerable; las y los trabajadores de la salud requieren políticas reales de formalización laboral, y el pago oportuno de sus salarios; la población rural necesita urgente un
modelo de atención que no se base en el monopolio de un asegurador que no garantiza su atención integral; y nada de esto contiene esta nefasta reforma. Es por ello que acompañamos y nos recogemos en las voces de todos y todas los que manifiestan su rechazo a esta iniciativa de ley, y
apoyamos la propuesta de archivo de este proyecto.