El Gobierno nacional avanza con resultados concretos en la democratización de la tierra, la seguridad jurídica rural y el reconocimiento de derechos territoriales, con 2.1 millones de hectáreas intervenidas mediante procesos de formalización, titulación, regularización, reglamentación y saneamiento.
Este balance refleja una apuesta decidida por transformar la relación del Estado con el campo colombiano. El acceso a la tierra hoy empieza a convertirse en certeza, dignidad y oportunidades para campesinos, campesinas, comunidades étnicas, entidades públicas y territorios históricamente excluidos, gracias a nuevas herramientas jurídicas.
“Estos son los frutos de la Revolución por la Vida: tierra con seguridad jurídica, derechos reconocidos y Estado llegando a los territorios. Sabemos que aún falta mucho por hacer y que el desafío es profundizar lo que hemos logrado, acelerar los procesos y seguir cumpliéndole al campesinado y a las comunidades étnicas.
Cada hectárea formalizada, titulada, regularizada o saneada representa una familia con mayor certeza y un país que avanza hacia la justicia social en el campo”, afirmó la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, quien ha liderado la mejor y más ambiciosa Reforma Agraria.
Entre los principales frutos de esta política está la constitución, ampliación, titulación y saneamiento a comunidades étnicas, con 1.5 millones de hectáreas, un avance que reconoce derechos ancestrales y fortalece la protección de los territorios colectivos.
También se destacan 436.742 hectáreas tituladas de baldíos y bienes fiscales patrimoniales a personas naturales, que representan seguridad jurídica para familias rurales que han trabajado la tierra y que hoy avanzan hacia el reconocimiento pleno de sus derechos.
La formalización de propiedad privada rural suma 75.621 hectáreas, mientras que la titulación de baldíos o bienes fiscales patrimoniales a entidades de derecho público alcanza 1.680 hectáreas, contribuyendo al ordenamiento social de la propiedad y al fortalecimiento institucional en los territorios.
En ese sentido se expresó Luis Ramón Perea, beneficiario de la entrega de tierras en la hacienda La Macarena en Tierralta, Córdoba: “Cumplieron la promesa hecha a las víctimas con la entrega de este primer terreno, con el que empezó a despertar la chispa de la entrega de tierras al sector campesino. A través de la tierra nos vamos a liberar, ya no vamos a depender de los hacendados. En primera instancia necesitamos alimentarnos”.
Regularización de baldíos, playones y sabanas
Como parte de esta transformación, el Gobierno reporta 9.556 hectáreas regularizadas de baldíos en Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959, un resultado que permite avanzar en seguridad jurídica con enfoque territorial y ambiental.
Otro de los logros más significativos es la reglamentación de sabanas y playones, con 66.591 hectáreas, frente a 1.078 hectáreas registradas en gobiernos anteriores. Esta cifra evidencia un salto histórico en la gestión agraria y en la recuperación de instrumentos para ordenar el uso y aprovechamiento de estos territorios.
Finalmente, el balance incluye 4.902 hectáreas asociadas al reconocimiento de sentencias SU-288, como parte del cumplimiento de decisiones judiciales y de la garantía efectiva de derechos en materia de tierras.
Aunque los avances son significativos, el Gobierno nacional reconoce que aún falta camino por recorrer. Por eso, el compromiso es profundizar lo logrado, acelerar la gestión institucional y seguir llevando seguridad jurídica, reconocimiento de derechos y presencia efectiva del Estado a más territorios rurales del país.
Estos resultados son muestra de que la Revolución por la Vida se materializa en hechos reflejados en más tierra con seguridad jurídica, más derechos reconocidos y más Estado llegando al campo colombiano
