El Gobierno del Cambio continúa consolidando una transición energética con justicia social. Como resultado del trabajo articulado entre los ministerios del Trabajo, de Minas y Energía, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue expedido el Decreto 0742 del 9 de julio de 2026, una normativa histórica que reglamenta integralmente el cierre de minas e incorpora, por primera vez en Colombia, garantías laborales y sindicales obligatorias para proteger a las y los trabajadores durante el cese de operaciones.
Con este decreto, el país supera un vacío histórico. Mientras las regulaciones anteriores se concentraban en aspectos técnicos, ambientales y operativos, la nueva normativa reconoce que el cierre de una explotación minera también tiene profundas consecuencias sociales y laborales, por lo que establece medidas obligatorias para proteger el empleo, garantizar los derechos adquiridos y promover nuevas oportunidades económicas para las comunidades.
Entre las principales obligaciones que deberán cumplir los titulares mineros se encuentran: La elaboración de un censo y caracterización de todas las personas trabajadoras, tanto directas como tercerizadas, potencialmente afectadas por el cierre.
• La formulación y ejecución de un plan que garantice la liquidación y el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social.
• La realización de exámenes médicos ocupacionales de egreso para proteger la salud de las y los trabajadores y hacer seguimiento a posibles enfermedades de origen laboral.
• La prioridad de contratación para trabajadores cesantes en casos de sustitución patronal o cuando se desarrollen nuevos proyectos o títulos mineros.
• La implementación de programas gratuitos de reconversión laboral, formación y certificación de competencias, en articulación con el SENA y otras entidades del Estado, para facilitar nuevas oportunidades productivas.
• El diálogo social se convierte en una obligación Uno de los avances más significativos impulsados por el Ministerio del Trabajo es que el diálogo social deja de ser una opción para convertirse en un requisito obligatorio. El Decreto 0742 establece que las empresas concesionarias deberán adelantar procesos de concertación previa con las organizaciones sindicales existentes para construir conjuntamente las medidas dirigidas a prevenir, mitigar y compensar los impactos sociales y laborales derivados del cierre de las operaciones mineras.
De esta manera, las organizaciones de trabajadores adquieren un papel activo en las decisiones relacionadas con el futuro laboral de quienes dependen de la actividad minera, fortaleciendo la participación y la democracia en las relaciones laborales. Asimismo, el Ministerio del Trabajo ejercerá un papel determinante durante todo el proceso. A través del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección y del cuerpo de inspectores de trabajo, realizará labores de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, ordenar medidas preventivas cuando sea necesario y emitir conceptos que harán parte de la evaluación de los planes de cierre.
“Este decreto marca un antes y un después en la protección de las y los trabajadores del sector minero. Por primera vez el cierre de una mina deja de ser únicamente un procedimiento técnico para convertirse también en un compromiso con la dignidad del trabajo, la concertación sindical y la protección del mínimo vital de miles de familias. La transición energética solo será legítima si garantiza justicia laboral y nuevas oportunidades para quienes han construido el desarrollo de los territorios”, afirmó la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz.
El Decreto 0742 también incorpora figuras como el cierre técnico gradual para la pequeña minería, permitiendo una transición ordenada que facilite la articulación institucional, la diversificación económica de los territorios y la generación de nuevas alternativas productivas para las comunidades históricamente vinculadas a esta actividad. Con esta decisión, el Gobierno del Cambio reafirma que la transición energética no puede construirse a costa de las y los trabajadores. Por el contrario, Colombia avanza hacia un modelo en el que la protección del empleo, el fortalecimiento del diálogo social, el respeto por los derechos sindicales y la justicia laboral son pilares fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible, incluyente y con dignidad para todas y todos.
