La Fiscalía General de la Nación imputó ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá
con función de control de garantías al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva
Durán, como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso
homogéneo.

Leyva Durán, en ejercicio de su cargo, habría proferido tres actos administrativos contrarios
a la ley para obstruir la licitación 001 de 2023, que tenía por objeto la expedición,
almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por valor
de 559.000 millones de pesos.

Inicialmente, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que
superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. En ese sentido, se
citó para la adjudicación pública; pero, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la
Resolución 7485 por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que
se presentó un solo oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición,
el cual fue negado por el entonces ministro, a través de la Resolución 7540 del 14 de
septiembre. Esta actuación no permitió al recurrente presentar formalmente un documento
con sus argumentos y lo obligó a sustentar verbalmente. Las consideraciones carecían de
sustento fáctico y jurídico. El mismo día, Leyva Durán emitió una nueva resolución para
declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado
de manera directa, sin licitación y participación de otros aspirantes.

Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva
Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes, violó el derecho de los ciudadanos a salir e
ingresar del país libremente y a pesar de tener la posibilidad de corregir los errores
cometidos al declarar desierta la licitación no lo hizo y ratificó su actuar.