Con la presencia de lideresas y líderes sociales y de la comunidad en general, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, inauguró en Sincelejo la nueva sede de la Regional Sucre de la institución de derechos humanos.
“Me llena de satisfacción entregar este inmueble de la entidad, ya que los servicios siempre se habían prestado en edificaciones arrendadas. Ahora está a disposición de la población sucreña, menores de edad, sus padres, hombres, mujeres, adultos mayores, víctimas, de todos los moradores”, expresó Camargo Assis.
La Regional fue creada el 21 de abril de 1993 bajo la denominación ‘Defensoría del Pueblo Seccional de Sincelejo’, solamente con cuatro funcionarios que despachaban en un inmueble ubicado en el edificio Concasa.
“Ahora el equipo está conformado por 35 funcionarias y funcionarios, 75 defensoras y defensores públicos y 13 contratistas adscritos a las distintas Delegadas de la entidad”, señaló el Defensor del Pueblo
Desde el comienzo de su administración, añadió el Defensor, “nos comprometimos a tener sedes en las distintas regiones que estén a la altura de lo que demanda la población, y, paso a paso, hemos ido honrando nuestro compromiso”.
El Defensor del Pueblo de los colombianos recordó cómo la Regional Sucre, en la efervescencia del conflicto armado, sirvió a las comunidades víctimas para que rindieran testimonios de los primeros casos de desplazamientos forzados de personas provenientes de los Montes de María y otras zonas del país.
“Ante la evidente presencia de actores armados ilegales en Colosó, Chalán, Ovejas, Toluviejo, San Onofre y otros lugares del departamento, y teniendo en cuenta la información obtenida de las comunidades y funcionarios de esos municipios, adelantamos como Defensoría del Pueblo nuestra labor de prevención en materia de violaciones a los derechos humanos”, enfatizó Carlos Camargo Assis.
La nueva sede, en la calle 25 de la Avenida Las Peñitas, cuenta con amplios espacios, donde las comunidades podrán acceder a toda la oferta institucional en materia de acompañamiento, asesoría, asistencia jurídica, entre otros, que requieran atención a problemas relacionados con la vulneración de derechos.
