Desde que se emitió la Alerta Temprana 030 en contexto electoral se presentaron 204 acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.

Cuando faltan 12 días para que los colombianos concurran a las urnas en las que elegirán las autoridades territoriales, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe de Seguimiento a la Alerta Temprana Electoral 030 de 2023, en el cual se evidenció un aumento significativo en el número de acciones violentas que afectan a las comunidades de cara a los comicios de próximo 29 de octubre.

En agosto, cuando la Defensoría del Pueblo presentó la Alerta Temprana 030 en contexto electoral, la entidad indicó que 113 municipios estaban en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Dos meses después, el mapa muestra que se mantiene el riesgo en esos municipios y que, adicionalmente, aumentaron los hechos violentos en las regiones advertidas.

En la Alerta Temprana 030 fueron registradas las vulneraciones entre el primero de enero al 31 julio 2023, allí, la Defensoría del Pueblo estableció un total de 173 conductas violentas, una cifra inferior a la que se consignó entre el primero de agosto y el 30 de septiembre. En este periodo hubo 204 acciones violentas, en particular, contra candidatos a alcaldías y concejos y contra líderes sociales o comunitarios.

“En tan solo dos meses hubo un aumento significativo en el número de vulneraciones si lo comparamos con los primeros siete meses del año. Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El encargado de promover y proteger los derechos de los colombianos señaló, además, que los grupos que cometen las mayores vulneraciones son las disidencias FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el ELN, a lo cual se suman los grupos de crimen organizado. Sin embargo, en la mayoría de hechos se desconoce el autor. “Estos grupos armados ilegales o criminales realizan ataques o atentados contra candidatos o sedes políticas, homicidios, restricciones a la movilidad y afectan directamente el proceso electoral”, advirtió el Defensor del Pueblo.

El informe hace seguimiento a 10 de las 48 recomendaciones emitidas en la Alerta Temprana 030. Los departamentos con el mayor número de conductas vulneratorias registradas entre agosto y septiembre en municipios con riesgo extremo son: Norte de Santander con 20, Arauca 15, Nariño 12 y Bolívar 9. Le siguen Cauca 3, Antioquia 3, Guaviare 3, Huila 3, Valle del Cauca 3, Chocó 2 y Putumayo 1.

“En el seguimiento de la Alerta Electoral encontramos que hay una respuesta estatal reducida y sin claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo, tampoco en acciones preventivas”, dijo el Defensor del Pueblo.

De las siete entidades a las cuales se les hicieron recomendaciones en el marco de la Alerta Temprana 030, solo cinco enviaron respuestas de fondo: la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la Nación. Por su parte, la Presidencia de la República solicitó ampliación de la información, pero no reportó ninguna acción de respuesta a las recomendaciones formuladas.

De otro lado, el Defensor del Pueblo reiteró el llamado para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decrete medidas cautelares para que sean protegidos los derechos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales que han sido amenazados o que están en alto riesgo por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales.

En la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat), la Defensoría del Pueblo reiteró la importancia de que la Procuraduría General de la Nación adelante acciones preventivas y disciplinarias para que se cumplan las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas e informes de seguimiento y que, si se presenta un bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones, se impongan las sanciones correspondientes frente a los casos desatendidos.

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